Ley de pesca atrasada, colusión de la centolla y conflictos con desaladoras: El escenario costero que dejó el 2025
urante 2025 la tramitación de la ley de pesca se dilató para priorizar la ley de fraccionamiento pesquero, mientras recursos clave como la merluza siguen en crisis y se conocen casos de colusión como el de las centollas. Mientras la Política Nacional Costera espera por la firma del presidente, surgen más conflictos socioambientales por la instalación de desaladoras. Fuente: El Desconcierto, 26 de enero de 2026.
Cada año Fundación Terram publica su Balance Ambiental, un documento que sintetiza los principales avances, retrocesos y tensiones de las diferentes temáticas ambientales del país. En materia pesquera, la edición 2025 titulada “Ambientalmente fuera de servicio”, señala que la tramitación del proyecto de ley para una nueva Ley General de Pesca ha tenido un avance sumamente lento desde su ingreso en enero de 2024, manteniéndose aún en primer trámite constitucional.
Según Terram, este escenario abre un alto grado de incertidumbre respecto de su continuidad, considerando el cambio de gobierno y la falta de consensos para lograr una reforma estructural que supere las deficiencias del modelo actual.
Fraccionamiento pesquero
Bajo este contexto, el gobierno impulsó un proyecto de ley enfocado en el fraccionamiento de cuotas entre el sector artesanal e industrial, que culminó con la promulgación de la Ley N° 21.752 (Ley de Fraccionamiento).
Si bien la norma modifica la distribución de cuotas en diversas pesquerías y endurece sanciones contra la pesca ilegal, diferentes organizaciones de pescadores acusaron que el nuevo fraccionamiento favorece a la industria al reducir su participación en pesquerías sobreexplotadas como la merluza común, el jurel y la jibia, perpetuando desigualdades históricas, además deja fuera aspectos clave como la participación de pueblos indígenas y la protección de los ecosistemas marinos. Por otro lado, empresas como Alimar han iniciado acciones judiciales contra el Estado alegando “expropiación regulatoria” y afectación de derechos adquiridos.
Elizabeth Soto, bióloga marina, investigadora de Fundación Terram y autora del capítulo, sostiene que “la ley de fraccionamiento, denominada por el actual gobierno como el corazón de la ley de pesca, solo aborda la repartición de las cuotas, pero no modifica ninguno de los aspectos de fondo necesarios para recuperar pesquerías emblemáticas -como la merluza común- y así sacarlas de la sobreexplotación, tampoco contiene directrices para avanzar en pesquerías saludables y sustentables en el tiempo”
Pesquerías agotadas
El informe anual del “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas” elaborado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) publicado en marzo de 2025, señala que el 54% de estas se encuentra en condición saludable, mientras que el 33% muestra signos de sobreexplotación y un 13% está en situación de agotamiento.
El documento señala que ha habido mejoras en la pesca del bacalao de profundidad, la jibia y la sardina austral, no obstante, persisten lagunas de información científica que limitan la gestión adecuada de diferentes especies. En resumen, a pesar de que el documento de SUBPESCA evidencia mejoras en el estado de algunas especies, aún el 46% de las pesquerías en Chile siguen en situación de cuidado.
Colusión de la centolla
El capítulo también aborda la grave denuncia de colusión que afectó a la pesquería de la centolla en la región de Magallanes, presentada en septiembre de 2025 por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El caso involucra a empresas que concentran entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva y que, según la investigación, coordinaron precios durante casi una década, afectando directamente a los ingresos de los pescadores artesanales y evidenciando falencias estructurales en la fiscalización del sector.
Borde costero en disputa
El informe analiza la actualización de la Política Nacional Costera, que viene a reemplazar a la antigua Política Nacional de Uso del Borde Costero (1995). En agosto de 2025 el Ministerio de Defensa inició la consulta pública donde recibió 699 observaciones, y el 24 de octubre la Comisión Nacional de Borde Costero la aprobó por unanimidad.
Para que la actualización sea oficial, solo hace falta la firma del presidente de la república y del proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General. Si bien se desconoce el contenido final del documento, se destacan aspectos como la incorporación de una visión integrada de la zona costera que vincule ecosistemas terrestres y marinos, la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica y la creación de una Comisión Nacional de Costas y Comisiones Regionales para reforzar la coordinación institucional.
De todas formas, la autora del capítulo señala que “el breve periodo de tiempo que transcurrió entre el inicio de la consulta pública para una nueva Política Nacional Costera y la rápida aprobación del documento, plantea dudas respecto a cuán consideradas fueron realmente las observaciones y la participación ciudadana en este proceso”.
Finalmente, el capítulo releva los conflictos socioambientales asociados a proyectos de desalinización en zonas costeras, como el caso de Pichicuy en la Región de Valparaíso, donde comunidades de pescadores artesanales han cuestionado la evaluación ambiental del proyecto por posibles impactos acumulativos sobre ecosistemas marinos y los modos de vida tradicionales. Según Terram, estos casos reflejan la creciente tensión entre demandas productivas y la protección de territorios costeros altamente vulnerables al cambio climático.
El panorama descrito en el capítulo da cuenta de la urgencia de avanzar hacia una reforma pesquera integral y una gobernanza costera robusta. La autora concluye que “los impactos cada vez más intensos provocados por el cambio climático, junto con la pérdida de biodiversidad y la contaminación que afectan a las zonas costeras y a los océanos, requieren transformaciones profundas en los paradigmas de gestión, y que a la vez sean capaces de integrar las necesidades productivas con la conservación de los ecosistemas marinos”.