Por cuatro votos a uno, el Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencias planteada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, en el conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga.
El conflicto se remonta al 2023 cuando el Comité de Ministros rechazó el proyecto que pretende levantarse en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
La empresa Andes Iron recurrió al Primer Tribunal Ambiental en contra de esta decisión y en 2024 el tribunal ordenó una nueva votación, pero los ministros se inhabilitaron.
El Comité de Ministros, integrado por subrogantes, en enero pasado nuevamente rechazó el proyecto, ante lo cual la empresa recurrió al tribunal.
Y en febrero, el tribunal ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –secretaría técnica del comité– corregir esa decisión por estimar que se incumplió su fallo anterior.
Ante esto, en representación del comité, el SEA recurrió al TC y planteó que el tribunal excedió sus atribuciones e invadió competencias.
Sin embargo, el TC falló que “ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir”.
“El problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”, añadió.
Finalmente, resolvió que el Primer Tribunal Ambiental “sí es competente” para ordenar al SEA modificar la resolución del Comité de Ministros.
De esta manera, esta instancia debería votar nuevamente el proyecto con sus miembros titulares, encabezados por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Sin embargo, está pendiente en la Corte Suprema un recurso de casación contra el fallo del tribunal.
Parlamentarios rechazan proyecto Dominga
A través de una declaración pública, 53 diputadas y diputados manifestaron su profundo rechazo al avance del proyecto minero Dominga, al que acusan de amenazar gravemente la biodiversidad del país, debilitar la confianza en las instituciones y estar vinculado a algunos de los mayores escándalos de corrupción en Chile.
“El proyecto Dominga es pan para hoy para los poderosos, y hambre para mañana para la biodiversidad y la democracia”, señalaron las y los firmantes de la declaración.
Dominga busca instalarse en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, zona que forma parte del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. En esa zona habita el 80% de los pingüinos de Humboldt, delfines únicos en aguas frías y se alimentan ballenas fuera de la Antártica. “Ese equilibrio es muy frágil. Si se destruye, es irrecuperable y se pierde para siempre”, afirmaron en la misiva.
La declaración recuerda que el proyecto ha sido rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, respaldado por informes técnicos de CONAF y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que advierten que Dominga subestima sus impactos y presenta serias deficiencias. Sin embargo, el caso está hoy en la Corte Suprema, con antecedentes que han generado legítimas inquietudes; el ministro Jean Pierre Matus no se inhabilitó por su vínculo con un abogado ligado al proyecto, quien posteriormente presentó una querella contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
A eso se suman cuestionadas inhabilidades en el Tribunal Constitucional que, a juicio de los firmantes, “debilitan la confianza pública y generan una sensación de captura institucional por parte de intereses privados”.
Asimismo, denuncian que Dominga está vinculado a algunos de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, como el Caso Penta, los Pandora Papers y el Caso Hermosilla; este último responsable de provocar la salida del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, y de abrir investigaciones por redes de tráfico de influencias con el exfiscal Manuel Guerra como protagonista.
Los parlamentarios cuestionaron, además, el relato de progreso que promueve el proyecto de la empresa Andes Iron. “Se argumenta que Dominga traerá desarrollo a La Higuera. Pero los datos lo desmienten. No se trata de estar contra la minería, sino de exigir una minería moderna, con reglas claras y beneficios reales. Dominga no es eso”, sostuvieron.
“Lo que está en juego es mucho más que un proyecto minero. Es el tipo de país que queremos ser. Uno donde el dinero imponga su ley, o uno donde el futuro y el interés público estén por sobre todo lo demás”, concluyeron.
Firman esta declaración las diputadas y diputados: Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Carolina Tello, Nathalie Castillo, Daniel Melo, Cristian Tapia, Juan Santana, Jaime Araya, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Carmen Hertz, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniela Serrano, Boris Barrera, Hernán Palma, Marta González, Héctor Ulloa, Claudia Mix, Marcos Ilabaca, Javiera Morales, Gael Yeomans, Emilia Nuyado, Danisa Astudillo, Tomás de Rementeria, Patricio Rosas, Marcela Riquelme, Ericka Ñanco, Diego Ibáñez, Camila Rojas, Sebastián Videla, Tomás Lagomarsino, Alejandra Placencia, Clara Sagardía, Helia Molina, Carolina Marzán, Tomás Hirsch, Cosme Mellado, Matías Ramírez, Alejandro Bernales, Karol Cariola, Félix González, Jorge Brito, Jaime Sáez, Leonardo Soto, Emilia Schneider, Consuelo Veloso, Arturo Barrios, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Francisca Bello, Andrés Giordano y Viviana Delgado.