Según la encuesta nacional 2026 de Medio Ambiente y cambio climático, efectuada por Ipsos para el centro de acción climática de la PUCV, en relación al propio Medio Ambiente, los chilenos consideramos actualmente la gestión de residuos como el problema ambiental más importante que debemos resolver.

Cada día, en nuestro país se generan más de 22 mil toneladas de residuos domiciliarios. También diariamente 2.130 camiones recorren 277 mil kilómetros, aproximadamente, para llevarlos a algún lugar de disposición final. Y cada día, ese “algún lugar” se vuelve más escaso.

Por su parte, la última Radiografía de los Residuos Municipales, elaborada por Kyklos con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades, lo confirma con cifras: los municipios gestionaron 8,2 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios en 2024, un 3,9% más que el año anterior. Paralelamente, la tasa de valorización domiciliaria alcanza apenas un 1,5%, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que ronda el 60%.

El dato más inquietante, sin embargo, no es cuánto se genera, sino dónde se gestionan. El 42% de los residuos del país depende hoy de infraestructura de disposición final que está colapsada o cercana a colapsar. Además, nueve rellenos sanitarios terminan su vida útil antes de 2030, y según cifras del Ministerio de Salud citadas recientemente en un análisis de la asesora del Consejo de Políticas de Infraestructura, Estefanía Rodríguez, de los 102 centros de disposición que existen en el país, solo 43 son rellenos sanitarios autorizados. La cobertura nacional del sistema, hoy en torno al 86%, podría caer a 74% hacia 2030 si no se habilitan nuevos sitios o se extiende la vida de los existentes.

Esto es, en palabras simples, una carrera contra el tiempo que se libra en silencio, mientras el país sigue produciendo más residuos de los que es capaz de tratar.

Los rellenos sanitarios modernos: la solución que ya existe, pero que pocos entienden

Frente a este panorama, suele instalarse la idea de que los rellenos sanitarios son “el problema” y que la solución pasa exclusivamente por el reciclaje, sin embargo, la realidad es bastante más matizada: mientras el país no resuelva su enorme brecha de valorización, hoy bajo el 2% a nivel domiciliario, los rellenos seguirán siendo, por varias décadas más, la mejor solución económica y ambientalmente eficiente, y la única infraestructura capaz de evitar una crisis sanitaria de proporciones mayores.

Así lo plantea Alberto Tagle, Gerente General de Consorcio Santa Marta, operadores del relleno sanitario del mismo nombre, ubicado en la Región Metropolitana y que hoy presta servicio a 17 municipalidades, equivalentes a cerca de un 35% de los residuos sólidos domiciliarios de la región.

“La existencia de esta instalación autorizada y con capacidad operativa para prestar un servicio eficiente contribuye de manera positiva a estas magnitudes, puesto que se evita que estos residuos terminen en microbasurales, vertederos ilegales o cursos de agua”, explica Tagle. No es un dato menor: la propia Radiografía 2024 identificó más de 6.800 microbasurales a nivel nacional, casi 3 mil más que el año anterior, y solo la mitad de los municipios declara contar siquiera con un catastro de ellos.

Para Tagle, el error de diagnóstico más frecuente es tratar a los rellenos sanitarios modernos como sinónimo de los vertederos o basurales sin control (que todavía concentran el 12% de la disposición final del país). “Independiente de la obligación que tienen los rellenos sanitarios como Santa Marta de medir, mitigar o compensar sus impactos, lo importante es que se pueda relevar el rol sanitario que cumplen estas instalaciones en ciudades como Santiago, entendiendo que se trata de un servicio esencial para resguardar la salud pública”, sostiene.

Es también, según el gerente general, una solución económicamente realista frente a alternativas cuyos costos de inversión y operación son sustancialmente más altos, y que hoy dependen casi por completo del financiamiento municipal. “Estos procesos requieren de cambios culturales, inversión en infraestructura y coordinación entre municipios, empresas y la ciudadanía, lo que resulta complejo debido a que muchas de las tecnologías que se plantean como alternativas a los rellenos sanitarios implican costos operacionales y de inversión significativamente mayores cuando hablamos de cantidades relevantes”, advierte.

Su llamado de atención es directo: “Para tener un mejor entendimiento del problema y desarrollar soluciones efectivas, se requiere analizar con mayor atención los números. Acá las magnitudes son colosales. Si no se analiza con seriedad la situación de vida útil y permisos ambientales de rellenos sanitarios, además del desarrollo de nuevos sitios de disposición final en algunas regiones específicas, muy pronto la gestión de residuos enfrentará una situación mucho más compleja, o abiertamente emergencias sanitarias”.

Dos décadas capturando metano: la innovación que Santa Marta empezó antes de que existiera una norma que la exigiera

Lo que distingue a Santa Marta dentro de esta discusión no es solo su rol como servicio esencial, sino las decisiones tecnológicas que tomó mucho antes de que el marco regulatorio chileno lo exigiera. La Resolución de Calificación Ambiental que dio origen al proyecto es de 2001. En 2007, apenas dos años después de que Chile ratificara el Protocolo de Kioto, Santa Marta registró ante la Convención Marco de las Naciones Unidas (UNFCCC) su proyecto de captura de biogás, uno de los primeros de su tipo en el país, cuando el mercado de bonos de carbono ofrecía escasamente entre 3 y 8 dólares por tonelada de CO2 equivalente y ninguna norma nacional obligaba a tratar el metano generado por los rellenos.

Desde entonces, y de manera ininterrumpida, Santa Marta captura y trata el biogás que produce la descomposición de los residuos orgánicos. Desde 2012 lo hace, además, generando energía: una Central de Generación de Energía Renovable No Convencional (CERNC), con 20 MW de potencia instalada que despacha electricidad renovable al Sistema Eléctrico Nacional. A la fecha, la planta ha inyectado del orden de 780.000 MWh, y acumula más de 5 millones de toneladas de CO2 equivalente reducidas gracias a la captura y tratamiento de metano, un gas hasta 28 veces más potente que el CO2 como agente de efecto invernadero.

La innovación más reciente responde a un problema propio del sistema eléctrico: cuando el Coordinador Eléctrico Nacional ordena detener la central por razones de costo marginal o precio spot -algo que entre 2022 y 2026 ha significado del orden de 83 mil MWh sin inyectar- el biogás capturado no puede simplemente liberarse a la atmósfera. Para evitarlo, Santa Marta implementó un sistema de almacenamiento en baterías (BESS), que permite seguir gestionando el metano incluso cuando la generación eléctrica debe detenerse. “La implementación de un sistema de almacenamiento basado en baterías BESS busca evitar que se libere metano a la atmósfera durante períodos en que la central de generación debe detener su operación”, detalla Tagle.

El ejecutivo es enfático en que estos más de veinte años de operación, con un positivo desarrollo de estándares regulatorios y tecnológicos, no siempre son visibles en los debates públicos sobre emisiones de metano, que hoy incorporan nuevas herramientas de monitoreo satelital. “Existe una diferencia significativa entre instalaciones que cuentan con sistemas activos de captura y de tratamiento de biogás y aquellas que no disponen de este tipo de tratamiento”, recuerda, apuntando a que ese matiz de tecnología ya instalada versus su ausencia, es precisamente lo que debiera guiar la política pública hacia adelante. Aquí, la sostenibilidad económica es inherente a la obtención de resultados medioambientales a gran escala, por cuanto estamos hablando de inversiones muy altas, y más que medidas de control o exigencias, el desarrollo del mercado del carbono pareciera ser el camino.

De cara al futuro, el desafío que plantea Santa Marta no es distinto al que enfrenta el país completo: avanzar hacia un modelo donde la disposición final deje de ser vista únicamente como un costo y se transforme en una fuente de valor, integrando la captura energética del biogás, el tratamiento de lixiviados, la valorización de materiales reciclables y orgánicos, y una colaboración cada vez más estrecha entre municipios, empresas y sistemas de gestión bajo la Ley REP. “El desafío de largo plazo no se limita únicamente a reducir la dependencia de rellenos sanitarios, sino a construir un sistema de gestión de residuos más robusto, integrado y sostenible, capaz de combinar cobertura sanitaria, valorización de residuos, innovación tecnológica, y encontrar economías de escala y de ámbito que alcancen la viabilidad económica”, cierra Tagle.