Proyecto Dominga: los riesgos para el gobierno en caso de recurrir a la Corte Suprema
Si bien recurrir con un recurso de casación ante el máximo tribunal podría dilatar la decisión sobre el proyecto minero, está la posibilidad de que el Ejecutivo se vea en la obligación de darle luz verde ad portas de la próxima elección presidencial y parlamentaria. Asimismo, existe el riesgo de una arremetida judicial en contra de los ministros por parte de Andes Iron y las organizaciones que están a favor del proyecto. Fuente: El Líbero, 12 de diciembre de 2024.
Si bien el gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha descartado la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta declarara ilegal la decisión del Comité de Ministros, adoptada en enero de 2023, que rechazó el permiso ambiental del proyecto minero Dominga, lo cierto es que el Ejecutivo se encuentra en un callejón sin salida.
El gobierno tiene dos opciones: acatar el fallo o recurrir a la Suprema con un recurso de casación, como han advertido se está evaluando.
Ir a la Corte Suprema le permite al Ejecutivo dilatar la decisión de aceptar el proyecto y su puesta en marcha. Aunque en un principio había convencimiento al interior del gobierno de que esta era la decisión que se tomaría, en las últimas horas, aseguran algunas fuentes involucradas en el proceso, se ha evaluado la opción de separar la convicción política del sector, y abrirse a respetar el fallo del tribunal ambiental.
Dominga y el factor electoral
Uno de lo factores que han puesto en duda la opción de ir a la Suprema, es que el escenario más probable es que se pierda, sobre todo considerando que el máximo tribunal ya falló anteriormente dos recursos en favor del proyecto.
Si bien ese recurso podría demorarse un año en ser resuelto por la Suprema, quedando el futuro del proyecto en manos de la próxima administración, también existe el riesgo de que la decisión de la Corte se conozca antes y le estalle al gobierno ad portas de la elección presidencial y parlamentaria.
Eso obligaría al Ejecutivo a tener que aceptar el proyecto con la campaña presidencial y parlamentaria andando, lo que sería una derrota política importante.
Por el contrario, aceptar ahora el proyecto permitiría alejar esa decisión de la próxima elección, instalando desde ya la idea de que este es un tema en el que el gobierno está obligado a acatar.
“Hay una cosa que tiene que ver probablemente con las miradas políticas de las convicciones, y otra con el procedimiento institucional que el país tiene frente a la aprobación o evaluación de proyectos de inversión y su impacto medioambiental en las comunidades”, dijo ayer en Radio Universo la ministra Camila Vallejo.
Vallejo agregó que “la existencia de un Comité de Ministros no lo fija el Presidente Gabriel Boric, sino que lo fija la institucionalidad medioambiental que el país ha dado, y que tiene evaluaciones por otros poderes del Estado, y que tiene además informe bajo la legislación vigente del SEA, también instancias donde participan y apelan las propias comunidades”.
Andes Iron y posible acciones judiciales contra ministros
El otro factor que tiene al gobierno contra las cuerdas es el contenido del fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental. En este se determinó que el Comité de Ministros actuó ilegalmente, y se cuestionó además que dos ministras -la ex titular de Minería, Marcela Hernando, y la de Medio Ambiente, Maisa Rojas- votaran debiendo haberse inhabilitado, por opiniones previas vertidas contra el proyecto.
De ir a la Suprema, en el gobierno están conscientes que el conflicto político y judicial se podría agudizar tanto con la oposición como con las comunidades a favor del proyecto y la empresa Andes Iron.
Tras el fallo, desde la minera hicieron un llamado al gobierno a poner fin a la judicialización del proyecto Dominga. Sin embargo, en la empresa señalan a El Líbero que si bien la prioridad es el diálogo, también se están evaluando todos los escenarios, incluidas eventuales acciones judiciales en contra de ministros, por delitos de desacato o de prevaricación administrativa.
En los últimos días también se ha incrementado la presión desde las organizaciones sociales y sindicatos en favor del proyecto, quienes también estarían evaluando acciones judiciales contra ministros.
En tanto, el sindicato de faeneros le envió una carta esta semana al Presidente Gabriel Boric para que apruebe el proyecto.
La incómoda situación de la ministra de Medio Ambiente
En el plano político, en tanto, en el gobierno ya hay incomodidad por la situación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien según el fallo del primer tribunal ambiental debió haberse inhabilitado de la votación del Comité de Ministros del 2023.
Esto ha llevado a una arremetida política en contra de Rojas y desde la UDI anunciaron que oficiarán a la Contraloría para inhabilitar a la ministra en las próximas votaciones sobre el proyecto.
Desde el gobierno han salido a respaldar la gestión de Rojas en materia medioambiental. Ayer el subsecretario del Interior, Luis Cordero, destacó la gestión de la ministra en la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que lleva adelante la cartera.
“La reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que lleva a cabo y que lidera la ministra Maisa Rojas, apunta precisamente en este sentido, que es reducir los pasos de evaluación, garantizar una evaluación ambiental de calidad y reducir el espacio de la política para tomar decisiones”, dijo Cordero en medio de los cuestionamiento a la ministra.
Con todo, en el gobierno insisten en que la opción de ir a la Corte Suprema sigue abierta, ya que el rechazo al proyecto es una definición política del sector y del propio el Presidente Boric.
Conocido el fallo fue la propia ministra de Medio Ambiente quien remarcó esta posibilidad. “Estamos claros que todavía existe la opción de que se pronuncie la Corte Suprema”, indicó el martes Rojas.
La ministra, en todo caso, ha declinado referirse a si se inhabilitará o no de las votaciones sobre Dominga.