Quintero y Puchuncaví 350 días después
A raíz de las intoxicaciones del año pasado, Fundación Terram recopiló una serie de antecedentes ambientales y han estado monitoreando principalmente las fuentes de efecto termoeléctrico de varamientos de carbón y el material particulado relacionado a dióxido de azufre (SO2), del que surgió una nueva normativa. Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 4 de agosto de 2019.
Varias son las manifestaciones que se están preparando para el 21 de agosto, en el contexto de cumplirse un año de la intoxicación masiva que impactó a las comunas de Quintero y Puchuncaví. Fueron 973 personas afectadas -un tercio menores de 14 años- y hubo 1.208 consultas de urgencia, según el informe de la seremi de Salud entregado un mes después de las emanaciones tóxicas.
Estas son sólo algunas cifras que dimensionan una histórica crisis ambiental que, a partir de esa fecha, alcanzó un punto de inflexión. Así quedará en evidencia en las próximas semanas en las que diversas organizaciones de la comunidad darán a conocer su descontento ante lo que consideran el incumplimiento en varias de las materias que prometió el gobierno central y que estiman no han sido eficientes.
Justamente la emergencia del lunes pasado fue una señal negativa para la comunidad que vive a diario con preocupación por el aire que respira. La situación obligó al cese de las actividades físicas en los colegios y el resguardo de niños, embarazadas y enfermos, dadas las malas condiciones de ventilación en la bahía entre las 22 horas del domingo y las 10 de la mañana del lunes. Se activó la Gestión de Episodios Críticos (GEC) y la fiscalización de las operaciones de las empresas del parque industrial, acción estipulada en el Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA) para esa zona, que entró en rigor el 30 de marzo.
¿OLORES OFENSIVOS?
“Nos estamos organizando y reuniendo información que será confidencial hasta el momento en que tengamos que usarla”, enfatiza Priscilla Pacheco, vocera del Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví, organismo que a raíz de los acontecimientos de agosto de 2018 redactó un petitorio para el Comité Operativo de Emergencias (COE) en el que incluía la solicitud de cerrar industrias, reforestar e implementar una zona franca o subsidio para los 43 mil habitantes de la zona y endurecer las normas de control para el dióxido azufre (S02), material particulado y arsénico. El Cabildo sigue activo, agrupa a 40 integrantes activos de manera constante y conforma la mesa ambiental de Quintero.
Priscilla confirma que tienen en agenda algunas actividades y, si bien esta planificación viene de antes, en el contexto de lo ocurrido el lunes, lo primero fue pedir la renuncia de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, luego de que la autoridad expresara que “los hechos críticos se volverán a repetir” y que “estos índices no representan una infracción”.
Sus palabras recordaron algunas de las reacciones hace un año, cuando el exministro de Salud, Emilio Santelices, calificó lo ocurrido como “olores ofensivos” que podían causar mareos y vómitos, pero no implicaban toxicidad.
“Pedir la renuncia de la ministra no es la solución, pero sí nos devuelve un poco de dignidad. La autoridad nos dice que nos tenemos que preparar porque es legal sobrepasar la norma 133 veces más. ¿Qué pasa si un niño con una crisis de asma no resiste, o el hospital no tiene oxígeno como nos ha pasado, o alguien fallece por un paro cardiorrespiratorio?”, cuestiona la dirigente, en tanto critica que el Ministerio de Salud ha dicho no contar con recursos para llevar especialistas a esa zona. “Nos falta pediatra, oncólogo y un broncopulmonar porque los niños intoxicados nunca fueron tratados. El abandono estatal lo vivimos todos los días”, sentencia.
CHERNOBYL CHILENO
Cristina Ruiz, vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio coincide con que ya están preparando algunas manifestaciones para visibilizar que, a un año de la emergencia en Quintero, es poco lo que se ha avanzado. Releva el video que gestionó Greenpeace y que fue divulgado la madrugada del martes con imágenes digitales y mensajes alusivos a la contaminación proyectados en uno de los costados de la termoeléctrica a carbón Campiche, de la norteamericana AES Gener. Así emplazan al Gobierno a tomar medidas más concretas y anticipan el tenor de las protestas. “Vamos a hacer manifestaciones pacíficas porque no queremos que nos militaricen la zona nuevamente”. Cristina lamenta que nunca quedó claro qué causó las intoxicaciones. “Técnicamente no sabemos qué estamos respirando cada día. Se sigue sobrepasando la norma. Es aberrante, por algo ya nos denominan el ‘Chernobyl chileno.
Desde un principio, se sospechó que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) era la fuente de contaminación con gases de la familia de los hidrocarburos, según manifestó en ese entonces el COE presidido por el intendente Jorge Martínez. Las reacciones de la estatal surgieron de inmediato generando un fuego cruzado entre las empresas del cordón industrial sindicadas como posibles responsables. No obstante, a fines de junio se instaló la hipótesis de que la razón del evento tóxico habría sido la mala manipulación de una carga de Iranian Heavy, combustible de mala calidad y alta presencia de ácido sulfhídrico (H2S), como abono de una deuda que tenía la empresa de ese país con ENAP. “Es una versión que no nos convence, nosotros seguimos sufriendo, lo mínimo que esperamos es que se empiece a castigar más que multar a las empresas que no están cumpliendo como corresponde. Es demasiado el genocidio ambiental”, remarca Cristina.
TIERRA Y SUELO
El administrador municipal de Quintero, Rubén Gutiérrez, releva los avances que ha habido desde el punto de vista normativo, no obstante repara en la importancia de que el foco esté sólo en el aire y no en la norma secundaria de la bahía de Quintero entendiendo que la contaminación que se ha dado por décadas ha afectado también el cuerpo de aguas y suelos.
En Chile no existe ninguna norma de calidad para las aguas marinas y así lo advierte el estudio de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Armada que señala presencia de cobre, fósforo, arsénico, plomo, cadmio, nitrógeno e hidrocarburos en las aguas y establece como origen la vía atmosférica, fuentes emisoras asociadas a la descarga de residuos industriales al medio marino y la probable pérdida de materiales en los terminales marítimos.
Además, un estudio de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso determinó la existencia de riesgo para la salud en el consumo de hortalizas cultivadas en la zona de Puchuncaví, así como el contacto con suelos y polvo domiciliario presente en el área. En el caso de las hortalizas, si bien descartó un riesgo cancerígeno, reveló una alta concentración de arsénico especialmente en acelgas, lechugas y espinacas. En el caso del estudio de suelos y polvo domiciliario, determinó riesgo cancerígeno por la exposición al arsénico, particularmente en niños de 1 a 5 años.
Desde Puchuncaví, la alcaldesa Eliana Olmos celebra la existencia del PPDA, sin embargo enfatiza la importancia de continuar con las investigaciones pertinentes para llegar a los responsables de la intoxicación y el traspaso del sistema de monitoreo al Estado. “Queda mucho por hacer. La situación es tan compleja que los esfuerzos que se han hecho son sólo parte de un recorrido largo hasta encontrar un punto en el que los habitantes de la comuna tengan la seguridad de que todo estará bien”.
La alcaldesa enfatiza un punto en el que hay plena coincidencia, en cuanto a que, si bien ha habido avances normativos, poco se notan por la falta de control y fiscalización. “Las autoridades han asumido un rol activo para avanzar en la solución al problema y aunque hemos trabajado mucho junto a las autoridades regionales y ministeriales es difícil plantear que la crisis está superada o estará superada con alguna medida específica, porque es un problema global que tiene múltiples factores. Necesitamos mayor compromiso de las empresas para mejorar sus procesos productivos”.
MÁS AL FONDO
A raíz de las intoxicaciones del año pasado la Fundación Terram recopiló una serie de antecedentes ambientales y han estado monitoreando principalmente las fuentes de efecto termoeléctrico de varamientos de carbón y el material particulado relacionado a dióxido de azufre (SO2), del que surgió una nueva normativa.
Sobre la base de estos antecedentes el investigador Hernán Ramírez es enfático en cuanto a que el PPDA no funciona, pese a que en rigor lleva menos de un año y lo proyectado es que los resultados sean a tres. “El PPDA es sólo de ajuste y cumplimiento de la norma pero no se hace cargo de los pasivos ambientales, de los polvos y residuos que están compuestos de metales pesados y que siguen en las escuelas e incluso en las casas y el hospital. Está lejos de lo que dice la OMS para garantizar la seguridad de las personas. Por lo demás, la norma es mala en exigencia porque hay una superación en términos de SO2”.
Admite que el sistema de alerta de preemergencia lo considera bueno, no obstante advierte que si no se aplican las medidas preventivas como corresponde no sirve de nada. “Por lo menos tenemos un sistema en el que la comunidad sabe que mañana probablemente no hay ventilación o poca; pero lo que se espera es que las medidas se adopten de parte de las empresas y que el Estado entre a exigir y no a pedir”, remarca.
A su juicio, es difícil hablar de avances concretos. “No vemos el compromiso del Presidente Sebastián Piñera que, en el marco de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre comprometió terminar con las zonas de sacrificio, pero con esa norma de SO2 tan laxa no vemos los gestos para que cumpla esa promesa”.
Carlos Muñoz, presidente del Centro de Padres y Apoderados del colegio Alonso Quintero, constata esa situación. “El Estado ratificó su condición de inoperante e ineptitud. Fundamentalmente tenemos un PPDA vigente y sin embargo ha sido incapaz de evitar que tengamos nuevos peaks de SO2 en la comuna. Este lunes tuvimos el segundo del año, aunque algunos medios sostienen que es el primero, ya habíamos tenido una situación similar a mediados de julio que duró entre cuatro y cinco horas”.
Reclama que las autoridades hayan “normalizado” lo ocurrido el lunes y que no revista infracción. “Los niños son los que presentaron la mayor cantidad de síntomas. Hoy nos fiscalizan a nosotros los colegios e incluso cursan algunas sanciones cuando vienen a inspeccionar ciertos protocolos como los filtros de aire que, a mi juicio, son más un placebo porque nada indica que son garantía para evitar una intoxicación”.
Según el apoderado, los papás todavía están esperando saber qué fue lo que finalmente causó que se perdieran 1200 horas lectivas y que los niños tuviesen menos rendimiento tanto en la PSU como en el Simce.
EL FALLO DE LA SUPREMA
La senadora Isabel Allende, si bien valora que se haya dictado el PPDA y que se haya modernizado la red de monitoreo, remarca los pendientes partiendo por el cumplimiento del reciente fallo de la Corte Suprema, que exige ente otros, la modificación del plan regulador para que no permita instalar más empresas; regular aún más los contaminantes de la zona; realizar un estudio de base de las enfermedades detectadas en las comunas y la revisión de las resoluciones de calificación ambiental. “Va siendo hora que después de 20 años desde la entrada en vigencia de la Ley Ambiental, la revisemos pues es evidente que no porque las empresas pasen el SEA significa que no habrá daño para la salud”.
Al explorar por qué se ha demorado tanto la ley de delitos ambientales, Allende argumenta que “ha sido difícil convencer al Gobierno
El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando actualmente en el desarrollo de 3 estudios que serán insumos fundamentales para el diseño de la norma secundaria de calidad ambiental de la bahía de Quintero. Con esto el Ministerio comenzará el proceso de elaboración de la norma secundaria para la protección y recuperación de la bahía.
Gobierno y a sus parlamentarios de que debe ser el Ministerio Público quien represente los intereses de la sociedad a través de la persecución penal, y no la Superintendencia de Medio Ambiente”. La senadora acota que además de la ley se busca ampliar las facultades de la Superintendencia, dado que ella misma a nivel reglamentario ha mermado su propio potencial de acción a través de interpretaciones administrativas. “Actualmente la SMA no investiga si no hay un instrumento de gestión ambiental tal como una Resolución de Calificación Ambiental o un Plan de Descontaminación, lo que deja a la SMA en un rol pasivo y reactivo, cuando lo que se necesita es justamente todo lo contrario: ¡prevenir!”. La senadora presidió el año pasado la comisión de Medio Ambiente y esgrime su desazón dado que el Ministerio de Medio Ambiente es el sexto más pobre de las 24 carteras.
PRESIÓN SOCIAL
A propósito del fallo de la Corte Suprema, según Priscilla Pacheco es el resultado de la presión social y no del interés de las autoridades por resolver la situación. En esa línea Hernán Ramírez releva la importancia ahora de rechazar el proyecto de construcción de la desalinizadora que AES Gener está tramitando y que generaría alto impacto en el sistema marino que ya identificó la Armada en su informe. “No podemos pensar en parar una zona de sacrificio si no nos hacemos cargo del ordenamiento territorial y de congelar el crecimiento. Hoy están disponibles para la construcción de más empresas peligrosas 650 hectáreas. La seremi MINVU informó que han ingresado el proceso de modificación del PREMVAL, así lo pidió la comunidad y el Consejo Regional lo importante es que sea haga vía Fast Track”, sentencia el investigador.
Igual, altas expectativas ha generado el anuncio del Gobierno del plan de descarbonización de la matriz que busca erradicar completamente estas instalaciones para 2040, entre ellas dos en Puchuncaví.
Claramente la situación real de Quintero-Puchuncaví-Concón no da tregua. La realidad constata que en este mes ha habido 26 episodios críticos de contaminación y en el presente año 73 vertimientos de dióxido de azufre. Con estos antecedentes irrefutables, difícil defender lo indefendible.
