[Radio U de Chile] Cambios al reglamento del SEIA podrían dejar sin evaluación ambiental a más de 600 proyectos

Un análisis de proyectos tramitados anteriormente permite dimensionar el alcance de los cambios impulsados por el Gobierno, modifica los umbrales de ingreso para iniciativas inmobiliarias, faenas de mediana minería y prospecciones. Fuente: Radio U de Chile, 10 de septiembre de 2026.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), principal instrumento preventivo de la institucionalidad ambiental chilena, podría experimentar cambios relevantes luego de que el Gobierno sometiera a consulta pública una modificación a su reglamento que establece nuevas excepciones para determinar qué proyectos deben ingresar a evaluación ambiental antes de su aprobación.

La consulta pública estará abierta hasta este viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas. De acuerdo con un catastro elaborado por organizaciones ambientales, los cambios propuestos podrían dejar fuera del SEIA a 624 proyectos inmobiliarios y al menos 26 iniciativas mineras, que de esta manera no tendrían que someter a evaluación previa sus eventuales impactos ambientales.

Desde ONG FIMA cuestionaron la modificación. Antonio Pulgar, abogado y coordinador de estudios de la organización, señaló que “a nuestro entender, esta modificación reglamentaria aumenta el nivel de riesgo ambiental que el Estado está dispuesto a aceptar y traslada sus posibles consecuencias hacia las comunidades locales donde se desarrollan estos proyectos mineros e inmobiliarios.

La justificación del Gobierno asume que las iniciativas que busca eximir no generarían impactos, pero la evidencia desmiente claramente esa premisa”. El abogado sostuvo que la propuesta elevaría el nivel de riesgo ambiental que el Estado estaría dispuesto a aceptar y trasladaría sus eventuales consecuencias hacia las comunidades locales.

Una posición similar manifestó Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, quien recordó que la evaluación ambiental existe precisamente para anticipar los impactos antes de que ocurran y definir cómo prevenirlos o mitigarlos. “Aumentar el tamaño de los proyectos que pueden quedar fuera del SEIA significa reducir esa capacidad preventiva y arriesgarnos a conocer sus efectos sobre el agua, la biodiversidad, la salud o la calidad de vida de las comunidades cuando el daño sea mucho más difícil, o incluso imposible, de evitar”, afirmó Espinosa.

Las organizaciones ambientales enfatizaron, además, que la evaluación ambiental no constituye una barrera general para la ejecución de proyectos. Según las cifras citadas en el análisis, solo el 3% de las iniciativas calificadas en el SEIA han sido rechazadas. Para estas entidades, el problema no estaría en la existencia del sistema, sino en excluir de él proyectos cuyos impactos deberían analizarse antes de su ejecución.

Proyectos inmobiliarios en zonas saturadas

Uno de los principales cambios propuestos afecta a los proyectos inmobiliarios ubicados en zonas latentes o saturadas. Actualmente, estas iniciativas deben ingresar al SEIA cuando contemplan siete o más hectáreas o 300 o más viviendas.

La propuesta establece una nueva excepción para proyectos que intervengan menos de 14 hectáreas o contemplen menos de 700 viviendas, siempre que cuenten con un programa de compensación de emisiones aprobado.

Según la revisión realizada por las organizaciones ambientales, 624 proyectos inmobiliarios podrían acogerse a estos nuevos criterios. Entre ellos figuran 28 iniciativas ubicadas en Estación Central, donde advierten posibles efectos acumulativos sobre la calidad del aire, la congestión, los servicios básicos y la infraestructura urbana.

Otro de los casos identificados corresponde a un proyecto en Rancagua que contempla cerca de 698 viviendas en una zona saturada por material particulado. De aplicarse los nuevos criterios, la iniciativa quedaría fuera del SEIA por solo dos viviendas de diferencia respecto del límite propuesto.

Para Pulgar, contar con un programa de compensación de emisiones no sería equivalente a someter un proyecto a una evaluación ambiental integral. “Un programa de compensación de emisiones no reemplaza la evaluación ambiental, ya que no necesariamente considera otros impactos ni el efecto acumulativo de varios proyectos desarrollados en una misma comuna o cuenca atmosférica”, sostuvo el abogado.

Umbral de ingreso para proyectos mineros aumentaría ocho veces

En el caso de la minería, la propuesta modifica el umbral de extracción requerido para que los proyectos de desarrollo minero deban ingresar al SEIA. La capacidad mínima aumentaría desde 5.000 hasta 40.000 toneladas mensuales, es decir, ocho veces el límite actualmente vigente.

De acuerdo con el catastro de las organizaciones, al menos 26 iniciativas evaluadas durante los últimos diez años se encontraban bajo el nuevo umbral y podrían quedar eximidas de evaluación si se aplicaran los cambios propuestos.

Henry Jurgens, de Fundación Relaves, advirtió sobre los efectos que podría tener esta modificación, particularmente por la generación y permanencia de residuos mineros en los territorios. “Con los umbrales propuestos, una mina con capacidad para extraer mil 200 toneladas diarias y generar más de 10 millones de toneladas de relaves durante sus 20 años de vida útil podría quedar sin evaluación ambiental”, advirtió Jurgens.

El representante de Fundación Relaves agregó que “aumentar ocho veces el tamaño que debe tener una mina para ingresar al sistema representa un salto peligroso para nuestra legislación. Los relaves permanecen en el territorio y pueden afectar el agua, el suelo y a la población, por lo que este cambio no puede tomarse con liviandad. La evaluación resulta todavía más relevante tras la eliminación del permiso sectorial específico para relaves y ante las actuales deficiencias de fiscalización”. Jurgens afirmó que el aumento del umbral constituye un cambio peligroso para la legislación ambiental y advirtió sobre sus posibles efectos en el agua, el suelo y las comunidades.

La modificación también contempla cambios para las prospecciones mineras. Entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, el número de plataformas requerido para que estas iniciativas ingresen al SEIA subiría de 40 a 160. En tanto, desde Valparaíso hasta Magallanes, incluida la Región Metropolitana, el umbral aumentaría de 20 a 40 plataformas.

El catastro identificó 26 prospecciones mineras que quedarían fuera del sistema si se aplicaran las modificaciones. De ellas, 16 se ubican en la Región de Atacama, territorio caracterizado por la escasez hídrica y la presencia de salares, glaciares y ecosistemas altoandinos.

Entre los casos mencionados aparece una campaña de sondajes vinculada al proyecto Vizcachitas, en Putaendo, emplazada en la cabecera de la cuenca del río Rocín, una zona afectada por la sequía y donde existen glaciares rocosos y especies amenazadas.

También se encuentra el proyecto de sondajes El Alto, de Barrick Gold, ubicado en las cercanías del proyecto Pascua Lama, actualmente clausurado y en fase de cierre tras las sanciones aplicadas por afectaciones a glaciares y cuerpos de agua.

Las organizaciones ambientales sostienen que la eventual exclusión de estas iniciativas del SEIA no significa que sus impactos desaparezcan, sino que dejarían de ser analizados de manera preventiva e integral. A su juicio, esto implicaría además una reducción de la información pública disponible y de las oportunidades de participación para las comunidades de los territorios donde se desarrollen los proyectos.

La consulta pública sobre las modificaciones al reglamento permanecerá abierta hasta este viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas.