Reforma ambiental busca agilizar evaluación de proyectos y dar mayor certeza jurídica
La Comisión de Medio Ambiente continúa el análisis de la reforma a la institucionalidad ambiental, iniciativa que propone modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, fortalecer el SEA y mejorar la eficiencia en la tramitación de proyectos. Fuente: Aqua, 1 de junio de 2026.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó la discusión del proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de evaluación ambiental. La iniciativa pretende modernizar los procesos de evaluación de proyectos, entregar mayor certeza jurídica y reforzar la participación ciudadana.
La propuesta, contenida en el boletín 16.552, incorpora criterios más técnicos y predecibles en la evaluación ambiental, además de fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) mediante la incorporación de consideraciones relacionadas con el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Asimismo, contempla un rol más activo del Ministerio del Medio Ambiente en la supervisión y seguimiento de los procesos, junto con una serie de modificaciones orientadas a optimizar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Entre los cambios propuestos destaca la eliminación de las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva), transfiriendo mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). De esta forma, los directores regionales del SEA o el director ejecutivo del organismo asumirían la responsabilidad de calificar los proyectos, con el objetivo de reducir la influencia política directa en este tipo de resoluciones.
La iniciativa también busca integrar los permisos sectoriales dentro de un procedimiento único de evaluación, acotar las causales de rechazo de proyectos y establecer reglas más claras para modificaciones, recursos y reclamaciones.
Debate sobre eficiencia y gobernanza
Durante la sesión, especialistas y académicos expusieron ante la comisión respecto de los principales desafíos que enfrenta actualmente el SEIA, identificando problemas estructurales como la sobrecarga administrativa, la falta de recursos en algunas regiones y la superposición de plazos en la tramitación de proyectos.
En el debate parlamentario, diputadas y diputados centraron parte importante de sus consultas en los mecanismos de toma de decisiones ambientales, particularmente en las ventajas y desventajas de avanzar hacia una autoridad unipersonal en lugar de órganos colegiados.
Además, se plantearon inquietudes relacionadas con la capacidad institucional de los servicios públicos para asumir nuevas responsabilidades, especialmente en regiones con menor dotación de personal, así como la necesidad de fortalecer la gestión de los procesos y reducir la carga administrativa.
Si bien existió consenso respecto de la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental, las diferencias surgieron en torno a los mecanismos más adecuados para mejorar la eficiencia del sistema, aumentar la certeza jurídica y fortalecer la legitimidad de las decisiones.
Visiones de expertos
Durante la discusión, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, valoró la incorporación del concepto de impactos acumulativos dentro del sistema de evaluación, aunque advirtió que su aplicación podría generar dificultades si no se establecen criterios claros para su implementación.
Por otra parte, manifestó reparos frente a la concentración de decisiones en una autoridad unipersonal, argumentando que ello podría afectar la legitimidad del sistema.
En contraste, el académico Jorge Femenías defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo más acotado y con reglas más precisas respecto de qué proyectos deben ingresar al sistema, destacando que ello contribuiría a mejorar la certeza jurídica para la inversión.
La profesora Valentina Durán, en tanto, sostuvo que la prioridad de la reforma debe centrarse en fortalecer la calidad técnica de la evaluación ambiental. En ese sentido, definió al SEIA como un “activo nacional” que requiere ajustes para aumentar tanto su eficiencia como su legitimidad, relevando la importancia de fortalecer el rol técnico del SEA.
Por su parte, el exsubsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez planteó que gran parte de los problemas que enfrenta actualmente el sistema se originan en la multiplicidad de permisos sectoriales y en la creciente carga regulatoria que deben enfrentar los proyectos.
Finalmente, durante la sesión también se destacó la relevancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental para fortalecer la legitimidad de la institucionalidad ambiental. En esa línea, se advirtió que aún persisten desafíos relacionados con el acceso oportuno a la información por parte de las comunidades involucradas en los procesos de evaluación.
Fotografía: Cámara de Diputadas y Diputados