[Redacción.cl] Relaves en Chile: el riesgo ante una fiscalización insuficiente y el automonitoreo de las mineras

No existe información pública en línea sobre estos depósitos, ni hay un monitoreo permanente de estos acopios, y la modificación al Decreto 248 que regula los relaves, tras la llegada de José Antonio Kast al gobierno ha sido retirado dos veces de Contraloría, aunque se espera que prontamente concluya su trámite. Fuente: Redacción.cl , 6 de agosto de 2026.

Una vez más las fuertes lluvias nos muestran la fragilidad de la convivencia entre la industria minera y la seguridad de la población, dado que la intensidad de las precipitaciones en cortos períodos de tiempo provocó emergencias en varios depósitos de relaves por rebalse, arrastrando residuos por ríos y esteros, con la consecuente contaminación de las aguas. Y si bien la autoridad informó del manejo y contención de estas situaciones, la realidad es que existe una fiscalización deficiente de estos depósitos y los datos se obtienen del automonitoreo que hacen las propias compañías mineras.

Según el catastro oficial incorporado en la Agenda de Relaves 2025/2026 del Ministerio de Minería, en Chile existen 795 depósitos de relaves distribuidos en 9 de las 16 regiones del país, y la mayor concentración se encuentra en las regiones de Atacama y Coquimbo. Pero la cifra registrada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es de 839 relaves, y podrían ser más. Sin embargo, la fiscalización que se realiza es sólo respecto de los activos o en construcción, que son entre 160 a 170 depósitos. Y esa inspección es mínima, dadas las capacidades del servicio.

En el área de fiscalización del Sernageomin hay alrededor de 60 inspectores a nivel nacional, y específicamente encargados de ver relaves trabajan unos 15 para revisar todos los activos, por lo que a cada depósito se va una o dos veces al año, pero por lo general solo van una vez.

Cabe señalar que, de los 15 inspectores de relaves, sólo cinco son especialistas y ninguno de ellos fiscaliza en terreno ya que, por orden de la dirección nacional y reestructuración del servicio, los especialistas de relaves están en el nivel central, siendo solo los fiscalizadores regionales los que van a las instalaciones.

En el caso de la emergencia climática reciente, por ejemplo, ninguno de los cinco especialistas fue enviado a verificar el estado de los depósitos, sino más bien un equipo de analítica territorial apoyó a las unidades regionales con un dron.

El decreto que otorga herramientas y fue retirado

Todo esto es parte de la nueva política de revisar lo mínimo para asegurar inversiones, luego de que en el gobierno de Gabriel Boric se empezó a discutir la “permisología”, y ahora será llevada a su máxima expresión. Hace unos días el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dio a conocer el ingreso a la Contraloría de las modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera, adecuándolo a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Con ello, se permitirá simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA), que operarán como declaraciones juradas.

En lo particular, el Decreto Supremo N° 15 de 2025 del Ministerio de Minería, que moderniza la gestión de los residuos mineros, sustituyendo el antiguo reglamento (Decreto Supremo N° 248 que desde 2007 regía las normas para el diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves mineros los depósitos de relaves en Chile), tras la llegada de José Antonio Kast al gobierno ha sido retirado dos veces de Contraloría, aunque se espera que prontamente concluya su trámite de toma de razón.

Y la urgencia está en que la modificación otorgará herramientas para contingencias de lluvias vinculadas a relaves que hoy no existen. “Al menos es urgente un replanteamiento de manejo de aguas con estas precipitaciones, y ver algún tipo de modificación de diseño de los relaves para evitar que se produzcan este tipo de falla que se llama rebalse”, señala una fuente consultada.

De hecho, las grandes empresas tienen un monitoreo mucho más grande, pero les sucede como a Pelambres, por ejemplo, que tienen las piscinas de colección y drenaje de los relaves. “Porque los relaves tienen agua y esa agua va hacia una piscina, y esa piscina, en teoría, va hacia la planta y recircula el agua. Pero eso está calculado con el agua del drenaje propio del relave en un día normal de operación. Pero cuando llueve, esa piscina con el agua directa de contacto, como cuando llovió ahora, se rebalsó, y fluye aguas abajo, provocando el problema que tuvieron en Caimanes con el agua potable”, explica.

Autofiscalización

“En Chile las empresas mineras se autofiscalizan”, plantea Henry Jurgens, de Fundación Relaves y miembro de la plataforma ciudadana Más que Minería. “Ellas son las encargadas de entregar un formulario trimestral, el E-700 que es un formulario tipo que exige reportar detalladamente el estado y comportamiento de estas instalaciones mineras, midiendo con piezómetros y un par de cosas más, según la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Pero todos los relaves son diferentes y las exigencias son de acuerdo con lo que las empresas dijeron que iban a construir y a las exigencias que se ponen, pero no hay un estándar”, aclara.

“Y esto es lo más increíble, porque en la modificación al DS-248, que no ha sido promulgado todavía, todo el tema de las infiltraciones a napas subterráneas estaba considerado, pero le siguen agregando cosas, cada vez queda peor, porque cada vez lo hacen menos ambiental y lo están adaptando a toda la desregulación que están haciendo. Porque los relaves ya no entran a evaluación ambiental. El año pasado con la ley de permisología, se eliminaron los dos artículos que incluían la evaluación ambiental para relaves y botaderos de estériles de minas. Seguramente están adaptando a eso el DS-248”, comenta Jurgens.

Además, con la modificación del DS-248, la fiscalización ambiental vuelve a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y el objeto de preocupación del Sernageomin es la seguridad de los trabajadores y la estabilidad física de los relaves, nada más.

Pero la SMA no tiene potestad sobre los riles de relaves, ya que por Decreto Supremo N° 46/2002 que establece las normas para la descarga de residuos líquidos hacia aguas subterráneas mediante obras de infiltración (pozos, drenes), en el Artículo 2º estipula explícitamente que la norma no es aplicable a los depósitos de relaves.

“Es una cuestión muy precaria, porque la ley para descargas industriales no contempla la descarga de los relaves, o sea, la contaminación o la infiltración de los relaves. Entonces, en cada RCA dice cuándo se le permite a la empresa hacer descargas de sus relaves, que es ante eventos climatológicos, pero tampoco sabemos las cantidades ni tampoco se informa cuándo se realizan las descargas o cuándo se realizan las fiscalizaciones”, denuncia el fundador y presidente de Fundación Relaves.

Zonas en riesgo por falta de monitoreo

Otro gran problema es la falta información en línea de cómo están estos relaves. El catastro es un Excel que se sube, que tiene distinta información, tanto de georreferenciación, el tipo de depósito (si es un embalse, otro tipo o un depósito de relave), y una caracterización de ellos.

“La situación de los relaves en Chile es crítica y no existe información pública en línea sobre estos depósitos, y deberíamos avanzar en ello, ya que generalmente tienen sustancias mineras y otro tipo de sustancias químicas que son tóxicas y dañinas para la salud humana y de los ecosistemas”, señala Telye Yurisch, investigador especialista en recursos naturales y política minera de Fundación Terram.

Tampoco hay un monitoreo permanente de estos acopios. Yurisch explica que “es distinto ir y sacarle una foto a un relave y caracterizar esa foto, que es más o menos lo que hace el catastro, que tener un trabajo permanente de monitoreo. Y hay distintos mecanismos de monitoreo según esté activo, inactivo o abandonado, pero en cualquier caso debería ser un monitoreo integral de las dos condicionantes relevantes a monitorear en los relaves”, que son la estabilidad física y la estabilidad química de su contenido.

“Hay que imaginar un cubículo que no está bien cerrado ni por arriba ni por abajo, esa es la estabilidad física que se puede monitorear por dron, pero para este caso, como son residuos tóxicos y peligrosos, hay que hacer también una inspección en terreno de la estabilidad física de los muros, y eso no lo puede hacer con drones. Por eso debe ser un proceso de monitoreo integral. Tienen que haber ingenieros en obras civiles que vean cómo está la estabilidad de los muros, tienen que haber ingenieros químicos o biólogos que hagan la toma de muestra de las composiciones de los relaves y cuán peligrosos son, sumado a este monitoreo más accesible con tecnología”, detalla el investigador de Fundación Terram.

La dimensión del problema es amplia. “Esto no se mejora con una política chiquitita como la de 2019, o con una agenda chiquitita que intentó hacer Boric. Hay que generar un comité político-técnico, comisiones de trabajo, hacer evaluaciones financieras para poder hacer planes de remediación, y fortalecer la fiscalización de los relaves activos, porque no puede ser sólo con un dron”, concluye Telye Yurisch.