SEA emite informe con reparos al proyecto inmobiliario de los Piñera en lago Ranco
Entre los problemas detectados en la evaluación ambiental destaca la falta de información respecto a la conexión de las 208 casas que se planea construir al sistema sanitario privado existente. El SEA acusa que se subestimó la generación de aguas servidas. Vecinos que solicitaron participación ciudadana apuntan a que “no existe una planta de tratamiento, sino que tan solo una poza muy básica”, la que también es propiedad de los Piñera. Fuente: Interferencia, 7 de abril de 2025.
El proyecto inmobiliario de los herederos de Sebastián Piñera en Bahía Coique frente al lago Ranco, valorado en US$40 millones, sufrió uno de sus primeros reveses durante su tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
El pasado 26 de marzo, SEA de la Región de Los Ríos emitió el primer Informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones (ICSARA) contra el proyecto de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., parte del holding de inversiones de Odisea, y cuyos propietarios son los hijos del ex mandatario, Juan Sebastián Piñera Morel, Cristóbal Piñera Morel y Magdalena Piñera Morel.
El informe recopila los pronunciamientos de distintos organismos estatales que analizaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada para el proyecto “Nuevo Desarrollo inmobiliario Bahía Coique”, el que contempla la construcción de 208 viviendas vacacionales en dos etapas, entre 2026 y 2033.
Precisamente la separación en etapas es uno de los primeros cuestionamientos del servicio.
Según el informe, la inmobiliaria de los Piñera realizó “una descripción somera” respecto a la segunda etapa de construcción del proyecto, “por cuanto omite información suficiente para la comprensión del proyecto o actividad en su totalidad”.
En detalle, la declaración describe que la segunda etapa se construirá sobre una superficie de 22,86 hectáreas aproximadamente, pero “en donde se desconoce el tipo de desarrollo urbano a ejecutar”.
Para el SEA, esta descripción “omite entre otros aspectos, el número aproximado de viviendas para cada una de las etapas, tipos de viviendas, así como la duración de cada una de las etapas, lo que impide la correcta evaluación de los impactos ambientales que tendrá el proyecto en su totalidad”.
En consecuencia, el SEA da dos opciones a los Piñera: “acotar [el proyecto] exclusivamente a la etapa I (…) o bien describir en su totalidad la etapa II”.
La sanitaria de los Piñera
Otro punto cuestionado es la falta de respaldo respecto del sistema de tratamiento de aguas servidas al que se conectará el proyecto inmobiliario, por lo que el SEA ordenó “acreditar que el proyecto cuenta con factibilidad sanitaria y acreditar el respectivo cumplimiento normativo”.
En esta línea, en la declaración de impacto ambiental, la inmobiliaria no adjunta la resolución correspondiente a la autorización sanitaria, “por lo que no es posible verificar la información requerida para una adecuada descripción de proyecto”, apunta el servicio.
En la declaración del proyecto se asegura que entre los anexos se encuentra un documento que otorga factibilidad sanitaria para conectarse a un “Sistema de Aguas Servidas privada existente”. Buscando entre la carpeta se puede encontrar el anexo 2.2, el que contiene los documentos de “factibilidad sanitaria”. Sin embargo, allí se adjunta únicamente un archivo llamado “Certificado Arenas Blancas S.A.”.
El certificado fue emitido por Hotelera Lago Ranco S.A. y asegura que ésta posee una autorización sanitaria de 1995 para operar un alcantarillado empalmado a una planta de tratamiento de aguas servidas, el que también se encuentra conectado al “servicio de agua potable del proyecto turístico de Bahía Coique”.
Ahora bien, un detalle llamativo es que Hotelera Lago Ranco -autorizada para operar el sistema sanitario- pertenece a las empresas de los Piñera que operan en la zona lacustre y su gerente general es el mismo que hoy está a cargo del proyecto inmobiliario, Felipe Vidaurre Waeger.
Según los reclamantes, “han existido frecuentes eventos a resultado de las fuertes lluvias que han afectado la poza de decantación, inundándola y generando filtraciones y derrames de esta. Ello sucede puesto que no existe una planta de tratamiento, sino que tan solo una poza muy básica que no ha podido ser adecuadamente examinada, ni siquiera por las autoridades que la han visitado y menos aún por nosotros”.
“Pareciera ser muy difícil asumir que la actual instalación estuviera en condiciones de abastecer de servicios sanitarios a una población mayor a la de la actualidad”, señala.
“La empresa inmobiliaria se ha referido a este tema como un problema que es ajeno al proyecto, puesto que ellos van a conectarse a servicios que serían (tal como están siendo hoy) provistos por un tercero, de modo que, aun cuando este tercero nominalmente independiente posea en la práctica un mismo controlador, ellos se desligan de asegurar la capacidad real que debiera tener la actual planta evitando así comprometer alguna expansión, modificación o sustitución, pese a que la planta es hoy, y sería mañana, gestionada indirectamente por los mismos propietarios del Proyecto”, apunta Larraín en su carta.
Ojo con los humedales
El SEA también solicitó a los Piñera realizar análisis respecto a las afectaciones que podrían sufrir los humedales Río Coquique y Lago Ranco, identificados en el Catastro Nacional de Humedales, durante la realización del proyecto.
En esta línea, en el DIA se descartaron posibles daños al humedal Lago Ranco, considerando que “se encuentra a 60 metros del punto más cercano al proyecto”.
Sin embargo, el informe del SEA consideró que “si bien [el proyecto] no contempla obras sobre el humedal, efectúa obras tales como atraviesos, modificaciones de cauce, escarpe, manejo de aguas lluvias, agotamiento de napas, entre otros, por lo que deberá descartar fundadamente que no existirán impactos derivados de las partes, obras y acciones del proyecto sobre dichos humedales”.
