El Acuerdo, que fue impulsado por los estados de Chile y Costa Rica entre 2012 y 2018, tiene como objetivo garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano y a tener justicia ambiental, a la vez que proteger a las y los activistas medioambientales que por alzar sus voces han sido víctimas de amenazas y hostigamientos. Fuente: El Mostrador, 14 de agosto de 2020.