Esto, tras el dictamen de Contraloría que señala que los proyectos que busquen emplazarse en este tipo de áreas, deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Fuente: El Mercurio, 7 de octubre de 2020.
Las organizaciones que se oponen a este nuevo proyecto reclaman que la solicitud de extender el plazo se debe a que el proyecto presentado por la minera nunca tuvo suficiente información o estudios que acrediten un estandar razonable de impacto ambiental. Fuente: Interferencia, 10 de marzo de 2020.