A través de un comunicado, la Plataforma de la Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas denunció que "la elaboración de esta segunda versión del PAN ha sido realizada sin seguir las recomendaciones que la propia Facultad de Derecho de la PUC, contratada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, propuso para estos efectos. Dichas orientaciones consideraban fundamental para la elaboración de este segundo PAN la participación activa no solo de pueblos indígenas, sino también de los que definía como “grupos vulnerables”, entre los que se consideraban población en condiciones de pobreza, mujeres, adultos mayores, y comunidades directamente afectadas por empresas".