Demandarán al Estado por intervención “ilegal” del Río Aconcagua

Exigen compensaciones millonarias luego que la Corte cuestionara el actuar de la DGA. Fuente: El Mercurio de Valparaíso. 11 mayo de 2018.


Después de tres meses y diez días desde que la Dirección General de Aguas (DGA) -dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- decidiera intervenir el río Aconcagua, como una medida para enfrentar la escasez hídrica que por años afecta a la zona interior, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió acoger un recurso presentado por la Junta de Vigilancia de la Primera Sección y dejó sin efecto la resolución adoptada el pasado 1 de febrero.

Como la medida los obligó a cerrar sus compuertas por 36 horas a la semana, los regantes de la zona de Los Andes y San Felipe decidieron acudir ante el tribunal de alzada acusando una falta de prolijidad por parte de la DGA al no convocarlos a una reunión que serviría para buscar una solución al conflicto.

Según explicó el presidente de la Primera Sección, Javier Crasemann, la DGA debió citar a las cuatro juntas de vigilancia sólo después de haber declarado la zona como escasez hídrica (dictamen emitido también el 1 de febrero, en paralelo a la intervención), y no antes. Sin embargo, y tal como lo evidenció la Corte, la dirección del MOP procedió al revés, lo que fue considerado como ilegal.

“Existe una sucesión temporal dispuesta por la ley: primero se declara la zona de escasez y después se recaba el acuerdo de los usuarios para redistribuir las aguas, y luego, sólo a falta de ese acuerdo, la DGA podrá hacer por sí misma dicha distribución”, explicó el tribunal en su escrito, agregando que “esa distancia temporal no existió, pues el decreto y la resolución son ambos de fecha 1 de febrero de 2018”.

“Le hubiera bastado (a la DGA) con invertir el orden de su proceder para cumplir la ley. (Por tanto), la resolución es ilegal y afectó el derecho de propiedad de los usuarios, porque alteró el uso del agua que les correspondía, sin consultarles sobre algún acuerdo que pudiera regular para ellos de mejor manera la redistribución ya obligatoria”, indica el fallo de la Corte, que suspendió así la intervención que en un principio se iba a extender hasta fines de julio próximo.

Para Crasemann, la decisión que tomó la DGA en febrero sólo respondió a “presiones políticas”, puesto que, a su juicio, no se justificaba un decreto de escasez hídrica para la zona.

“Nunca nos presentaron los argumentos que justificaban una declaración. Nosotros tenemos informes que avalan que aquí no hay una sequía producto de la escasez del caudal, sino que por un aumento de la demanda de las secciones de abajo, que siguen plantando más del agua que está disponible”, cuestionó el presidente.

Por lo mismo, cuando la DGA los citó a una reunión para alcanzar un acuerdo -a fines de enero-, la asociación no lo consideró pertinente. “Nos dijeron que no nos podían compensar y que tampoco existía un problema de abastecimiento para el consumo humano. Entonces, sólo se trataba de trasladar los recursos productivos de una industria a otra”, dijo Crasemann, agregando que “muchos dicen que detrás de esto se quiere demostrar la necesidad de un cambio al Código de aguas y darle mayores atribuciones a la DGA, que en este caso quedó demostrado que actúa al margen de la ley”.

De acuerdo a lo que hasta ahora han determinado, la intervención del río Aconcagua afectó a más de seis mil usuarios de la Primera Sección, quienes sufrieron un recorte estimado de 23,5 millones de metros cúbicos, lo que para ellos se tradujo en un detrimento de un 21,4% del patrimonio de los usuarios de agua de las comunas de Los Andes, San Esteban, Rinconada, Calle Larga, Santa María y San Felipe.

Por tal razón, una vez que calculen de cuánto es el perjuicio económico que sufrieron en los tres meses, la sección presentará una demanda civil en contra del Estado avalada por una declaración ilegal.

“Estamos trabajando ya en la valorización económica de las pérdidas para presentar una demanda. Aquí hubo un daño económico significativo para la sección -con un actuar ilegal por parte de la DGA- que tiene un costo y que lo tendrá que asumir el Estado por no darnos las garantías que la Constitución nos entrega”, precisó Crasemann.

Los regantes también estudiarán otras acciones judiciales a seguir, considerando que en el recurso presentado a la Corte de Apelaciones también argumentaron una vulneración al derecho de propiedad privada, además de un trato desigual ante la ley. Esto último, según el presidente, a raíz de que “a no todos se les sometió a turnos, como a Codelco (División Andina), que se le eximió de cualquier tipo de restricción, mientras que a nosotros nos expropiaron el 20% del agua, siendo que ellos sí son parte de la zona de escasez hídrica”.

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