Impulsar la economía a través de la regresión ambiental
En esta columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, expone cómo el gobierno ha impulsado una agenda de flexibilización ambiental. Tras el fracaso de la Reforma Tributaria, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el Pacto Fiscal para el Desarrollo de Chile, a través de este, reformas al SEIA y una nueva ley de permisos sectoriales, se han promovido cambios que debilitan la evaluación ambiental, excluyen la participación ciudadana y reducen las exigencias para proyectos con impacto ambiental. La autora sostiene que estas acciones representan una clara regresión en la protección del medio ambiente, contradiciendo las promesas iniciales de un gobierno ecologista. fuente: La Nueva Mirada, 26 de junio de 2025.
No se puede negar que el concepto “permisología” ha cumplido un rol relevante en la discusión pública nacional, ya que ha sido utilizado por el gobierno y los grandes empresarios para instalar soterradamente una política ambiental regresiva y cuyas acciones quedan cada vez más en evidencia.
Aun cuando pareciera que no vale la pena recordar que el presidente Gabriel Boric, al asumir su mandato, manifestó que este sería el primer gobierno ecologista de Chile. Insistir en esta declaración es necesario, sobre todo a la hora de hacer evaluaciones, pues de esa promesa hoy no queda ningún vestigio.
Para comprender cómo hemos llegado a este punto es necesario seguir el hilo de las decisiones que ha ido tomando el actual gobierno. Tras el fracaso de la Reforma Tributaria, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el Pacto Fiscal para el Desarrollo de Chile. Este contempla seis pilares y medidas de distinta índole, todas en teoría destinadas a reactivar la economía. En lo que concierne a los temas ambientales dicho pacto contempla una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), modificaciones al reglamento de este sistema (RSEIA), una iniciativa legal cuyo propósito es agilizar la tramitación de permisos sectoriales y modificaciones legales para la entrega de concesiones marítimas.
Pero ¿en qué sentido estas medidas constituyen una regresión ambiental?
En primer lugar, el gobierno envió al parlamento un proyecto para modificar la ley Nª 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y otros cuerpos legales, (boletín Nª 16.552). El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, radicado en la Comisión de Hacienda desde enero de 2025, con urgencia simple, es decir sin prioridad para el gobierno. De hecho, en abril, el ministro Marcel declaró que esta iniciativa había sido excluida de los proyectos prioritarios para este último tramo de gobierno, probablemente debido a que no lograría ser aprobado con los contenidos que quería impulsar su cartera.
En mayo, durante un desayuno en la Cámara Chilena de la Construcción, el mismo ministro anunció un fast track para proyectos de inversión, basado en reformas al Sistema de Evaluación Ambiental distintas a las que actualmente están en el parlamento, pero orientadas al objetivo de “destrabar” la inversión. En la misma línea, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático -conformada por catorce ministerios y presidida por Medio Ambiente- aprobó una reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, designado “fase 2”. Esta se enfoca en modificaciones a las tipologías de proyecto y a los denominados permisos ambientales sectoriales (PAS), es decir, en especificaciones sobre los tipos de proyectos que deben ingresar a evaluación ambiental, así como en el otorgamiento de permisos sectoriales que tienen componentes ambientales, todo en el marco de la ley Nª 19.300.
Si bien los detalles de las modificaciones aún no se conocen, según consigna la prensa estas apuntan a modificar umbrales para destrabar proyectos de inversión, es decir apuntan a aprobar medidas regresivas en cuanto a la protección del medio ambiente. Las que además se establecen por la vía administrativa sin participación ciudadana, todo esto con el propósito de eximir de evaluación ambiental a proyectos que hasta ahora si debían someterse a este proceso. Evidentemente esta una política regresiva, pues estas modificaciones implican que para un conjunto de proyectos solo será necesario un permiso sectorial.
Paralelamente, el proyecto de ley Marco sobre Autorizaciones Sectoriales (boletín Nº 16.566), más conocido como “ley de permisología” o de “permisos sectoriales”, ingresó al parlamento en enero de 2024, ya fue aprobado en ambas cámaras y está pronto a culminar su tramitación en el parlamento. Aunque diversas autoridades han declarado que este proyecto de ley no se vincula con el SEIA, lo cierto es que si tiene que ver.
Para comprobarlo basta revisar el artículo 4º, el cual indica que una vez que un proyecto obtiene su aprobación ambiental se deben dictar en el mismo acto los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS). Si bien estos permisos están normados en la ley ambiental, el proyecto de ley marco de permisos sectoriales señala que una vez aprobado ambientalmente un proyecto se le debe otorgar el permiso sectorial, y de no hacerlo se aplica silencio administrativo favorable, esto independiente de si cumple o no con lo establecido en la ley ambiental.
Esto tiene implicancias graves. Por ejemplo, si un proyecto aprobado ambientalmente requiere de un PAS para la corta de bosque nativo -y esta acción ha sido cuestionada por la ciudadanía debido a que afecta especies o ecosistemas sensibles- el permiso será otorgado de todas formas, sin considerar estos posibles impactos. Así, las objeciones pierden valor y la protección de los ecosistemas se ve directamente amenazada. Esto ciertamente es un debilitamiento de la regulación, ya que menoscaba las posibilidades reales de protección de dichas especies o ecosistemas, pues muchas reclamaciones respecto de la aprobación de proyectos justamente tienen que ver impactos en ecosistemas o especies sensibles.
Todo indica que a la actual administración no le interesa resguardar el patrimonio natural del país, lo único importante es promover la inversión y si para ellos hay que flexibilizar la regulación vigente e impulsar políticas ambientales regresivas, están dispuestos a hacerlo siguiendo las directrices del ministro de Hacienda. Lo increíble de todo esto, es que parecen no entender que habitamos un territorio finito, en el cual las economías nacionales están basadas en bienes y servicios que nos proveen los ecosistemas, dependemos de ellos para nuestra sobrevivencia. No obstante, las autoridades se empeñan en fomentar la inversión y el crecimiento a costa de promover una mayor extracción y por ende una mayor destrucción, sin importarles las economías locales, los habitantes del territorio y mucho menos los ecosistemas.