Fiscalía acusa a empresario por daño ambiental en Mariquina y solicita 8 años de presidio

La intervención del particular habría generado consecuencias irreversibles en el ecosistema afectado. Fuente: Diario Sostenible, 17 de diciembre de 2025.

La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos presentó recientemente una acusación contra un empresario por el delito de daño ambiental calificado en Mariquina.

Según la acusación de la Fiscalía de Los Ríos, los hechos se originan a partir de actividades ejecutadas por el acusado entre los últimos meses del año 2023 y hasta febrero del año 2024, cuando intervino un cerro en el sector Yeco.

En ese contexto, removió completamente la capa vegetal y extrajo material que posteriormente fue utilizado para rellenar un humedal a orillas del río Lingue, considerado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de Los Ríos.

Estas acciones configuran un delito de daño ambiental calificado, pues generaron consecuencias irreversibles en el ecosistema afectado, lo que fundamenta la elevada penalidad solicitada.

Así lo destacó la fiscalía en la audiencia de preparación de juicio oral realizada este 16 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Mariquina, donde se solicitó una pena de ocho años de presidio efectivo y el pago de una multa de 24 mil unidades tributarias mensuales  (UTM), es decir, $1.700 millones.

Esta audiencia corresponde a una etapa previa a la realización del que será el primer juicio oral en la Región de Los Ríos por el delito de daño ambiental, ilícito incorporado recientemente al ordenamiento jurídico y vigente desde agosto de 2023.

Durante la investigación, la Fiscalía de Los Ríos requirió información y antecedentes a diversos organismos fiscalizadores y técnicos, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Departamento de Medio Ambiente y la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Mariquina, la Corporación Nacional Forestal y peritos de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI.