Estudio del Observatorio Ciudadano revela que los ECMPO no paralizan la industria salmonera: la relación predominante es de coexistencia
El análisis, basado en información oficial de Subpesca, muestra que sólo 55 solicitudes de concesiones salmoneras en trámite –equivalentes al 4,1% del universo total de concesiones ya otorgadas en el sur austral– y 42 solicitudes de relocalización –el 16,6% del total identificado en la zona– podrían verse afectadas por el efecto suspensivo de la Ley Lafkenche. Fuente: Observatorio Ciudadano, 1 de julio de 2026.
El Observatorio Ciudadano publicó hoy un estudio sobre la interacción entre concesiones salmoneras y Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Los resultados cuestionan uno de los argumentos centrales que hoy impulsa las propuestas de modificación a la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche: que los ECMPO estarían frenando el desarrollo de la industria salmonera en el sur austral.
El informe fue elaborado por los investigadores Lorena Arce, Christian Paredes y Santiago Kaulen con base en información oficial de Subpesca actualizada a mayo de 2026. Cubre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Analizó las 1.323 concesiones salmoneras otorgadas en las tres regiones, utilizando información geoespacial oficial de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Si bien 760 de ellas (57,4%) presentan algún grado de interacción territorial con ECMPO decretados o en tramitación, todas continúan operando con plena vigencia. La propia Ley Lafkenche establece expresamente que los ECMPO no pueden superponerse a concesiones acuícolas previamente constituidas.
El estudio distingue entre interacción territorial —la mera coincidencia espacial entre una concesión y un ECMPO— y afectación real de solicitudes en trámite. Esta distinción es clave: el llamado “efecto suspensivo” de la ley opera únicamente sobre solicitudes que aún no cuentan con autorización definitiva, no sobre concesiones ya otorgadas.
De las 157 concesiones salmoneras en tramitación identificadas en las regiones analizadas, solo 55 podrían considerarse potencialmente afectadas por este mecanismo. Eso representa el 35% de las solicitudes en trámite y apenas el 4,1% del universo total de concesiones salmoneras existentes en la zona.
Algo similar ocurre con las solicitudes de relocalización de concesiones. De 253 solicitudes identificadas en las regiones analizadas, 42 podrían verse afectadas por el efecto suspensivo — el 16,6% del total. El resto corresponde a casos asociados a ECMPO ya decretados, donde existe una prohibición legal expresa, o a procesos judiciales pendientes.
Otros factores explican mejor las limitaciones a la expansión
El análisis identifica factores distintos a los ECMPO que inciden de manera más significativa en las limitaciones a la expansión de la industria: el cierre o no disponibilidad de Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) para nuevas solicitudes en las tres regiones, y las restricciones derivadas de la Ley N°21.600 sobre Biodiversidad, asociadas a áreas protegidas sin plan de manejo aprobado, como las Reservas Nacionales Las Guaitecas y Kawésqar.
A esto se suma que, según un análisis de la Fundación Terram, cerca del 27% de las concesiones salmoneras otorgadas permanecieron inactivas entre 2012 y 2022, lo que sugiere que parte de las tensiones sobre disponibilidad de espacio responde también a una subutilización del espacio ya concesionado por la propia industria.
Mientras tanto, la industria salmonera ha seguido creciendo: en 2025 superó los US$6.500 millones en exportaciones y mantuvo una producción sobre el millón de toneladas anuales.
El problema es la implementación, no la ley
El estudio sí identifica dificultades reales en la aplicación de la Ley Lafkenche, pero estas apuntan a deficiencias de gestión estatal, no al contenido de la norma. Las extensas demoras en la tramitación de los ECMPO —que en la práctica superan ampliamente los plazos legales— perjudican tanto a las comunidades indígenas solicitantes como a los titulares de concesiones en trámite.
“El problema no radica en la existencia del mecanismo, sino en la incapacidad del Estado para cumplir en tiempos razonables con el procedimiento que la propia ley establece”, señala el informe.
Una de las principales propuestas de modificación a la Ley Lafkenche consiste en eliminar o debilitar el efecto suspensivo. Frente a ello, el Observatorio Ciudadano advierte que una reforma construida sobre diagnósticos que la evidencia no respalda corre el riesgo de debilitar de manera desproporcionada los derechos que esta ley reconoce —alineados con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas— en beneficio de un sector productivo cuyas dificultades, según los datos disponibles, no se explican principalmente por la existencia de los ECMPO.