Bruselas suaviza el sistema que penaliza las emisiones de CO₂ tras la presión de una decena de gobiernos

La Comisión lanza su propuesta para reformar la principal herramienta climática, que obliga a las grandes industrias y energéticas a pagar por los gases de efecto invernadero que expulsan. Fuente: El País, 17 de julio de 2026.

El sistema de comercio de derechos de emisiones que obliga a los principales sectores industriales a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono (CO₂) que expulsan es desde hace dos décadas el instrumento más señero y eficaz de la política climática de la Unión Europea. Tocaba revisarlo ahora y seguramente no era el mejor momento. Porque en un convulso mundo marcado por el avance de las políticas ultraderechistas contrarias a la agenda verde, algunos países de la UE han empujado contra este instrumento. Finalmente, Bruselas ha presentado este viernes su esperada propuesta de reforma, que suaviza el sistema. Pero la Comisión ha optado una vez más por una decisión salomónica, porque también había países —con España ocupando un lugar destacado— que abogaban por mantener su integridad.

Esa postura intermedia de la Comisión se ve con mucha claridad con los porcentajes de reducción de emisiones que plantea. Con la regulación vigente, se reducen cada año los derechos de emisión un 4,4%. Y así será hasta 2030. A partir de entonces, Bruselas plantea bajarlo en el 3,7% hasta 2035 y suavizar todavía más esta senda a partir de entonces, al 1,7%. España, por ejemplo, defendía mantener el porcentaje actual hasta 2035; Polonia, en cambio, planteaba una rebaja muy significativa.

El Ejecutivo de la UE introduce, además, un mecanismo que permitirá también a partir de 2036 suavizar más el ajuste de carbono con los llamados “créditos internacionales de alta calidad” que permitirán a los emisores, principalmente empresas industriales, ganar algo de margen, hasta un 2%, si demuestran inversiones compensatorias fuera de la Unión. No obstante, todos estos números son revisables a partir de 2033, año en que está prevista una revisión como la actual.

“Está propuesta está totalmente alineada con la Ley del Clima”, ha defendido el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en un encuentro con varios medios europeos, entre ellos EL PAÍS. Esa norma fija el objetivo de reducir las emisiones de carbono un 90% del total de emisiones de la UE (respecto de lo que se emitía en la década de los noventa) en 2040. Aunque a continuación defiende la reforma del sistema porque “presenta deficiencias importantes”. Una de ellas es que las empresas europeas “no compiten en igualdad de condiciones”.

La vicepresidenta para la Transición Limpia, Teresa Ribera, ha añadido en la presentación de la propuesta que “la competitividad de Europa se basará en la energía limpia, no en los combustibles fósiles importados”. Este argumento se ha visto reforzado con la guerra que tienen abierta en el Golfo Pérsico Estados Unidos e Irán, al disparar las cotizaciones del crudo. “Al reforzar el mercado del carbono y acelerar la electrificación, estamos dando a las empresas la confianza necesaria para invertir, innovar y liderar las tecnologías de próxima generación”, abunda la española.

La batalla entre Estados miembros

La propuesta de Bruselas deberá discutirse ahora con los representantes del Parlamento europeo −con tres grupos políticos ultras que cuestionan la misma existencia del cambio climático− y de los Veintisiete. En el contexto actual, no es descartable que la reforma sea rebajada todavía más en ese proceso de negociación. La presión que están ejerciendo países como Italia y Polonia, respaldados por otros Estados, principalmente, los que están más al este, es fuerte. Frente a ellos está España, Portugal, Luxemburgo, Holanda y los países nórdicos. La vicepresidenta tercera española y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, por ejemplo, remitió una carta a la Comisión este jueves reclamando que se mantuviera el 4,4% de senda de reducción hasta 2035.

Más allá de las ideologías y las sensibilidades medioambientales de cada Gobierno, no hay que olvidar que en este asunto lo que también está en juego son los intereses económicos de cada país de la UE. España, como Portugal, tiene mucho avanzado en el desarrollo de las energías renovables por ser históricamente una isla energética y necesitar ser todo lo autónoma posible en este campo. Los países del este, en cambio, fueron históricamente dependientes del carbón, la tecnología más emisora. Alemania e Italia, por su parte, son las potencias industriales de la Unión con sectores muy pegados al consumo de gas natural.

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, en sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas industrias que expulsan más dióxido de carbono. Gracias a este sistema que fue pionero en su momento, muchos países europeos han dado la espalda al carbón y han impulsado las energías que no emiten, como la solar y la eólica. Además, también industrias clave han invertido para reducir el CO₂ que expulsan, porque deben pagar por cada tonelada de este gas que emitan, y tampoco querían que se suavizara su aplicación. “El ETS es un recurso extraordinario dentro de nuestro conjunto de herramientas para el clima y la descarbonización”, establece Hoekstra.

Para el eurodiputado socialista español, Nicolás González Casares, “la propuesta de revisión del ETS contiene avances, pero también carencias importantes”. “Preocupa la rebaja de ambición en la trayectoria de reducción: mantener el 4,4% habría sido más coherente que reducirla al 3,7%. También se abre demasiado la puerta a los créditos internacionales de carbono sin garantías suficientes sobre su integridad ambiental”, señala este miembro de la comisión de Industria del Parlamento Europeo, que siente cierto alivio a conocer la propuesta de la Comisión al temer previamente una desnaturalización del sistema viendo cómo se desarrollaba el debate.

El sistema cubre ahora el 45% de las emisiones de la UE y el precio no lo fijan directamente ni los gobiernos ni las instituciones comunitarias: se hace a través de un mercado de compra y venta de derechos al que tienen que acudir las empresas. Pero las decisiones de los gobiernos influyen mucho en el precio y son los que más recaudan por esto: en 2024 la recaudación total de la UE ascendió a cerca de 40.000 millones. Durante años, la cotización de estos derechos estuvo por los suelos entre otras cosas por la gran cantidad de asignaciones gratuitas de derecho que otorgaban los Ejecutivos a los sectores que consideraban clave.

Poco a poco, esas asignaciones se fueron reduciendo y el plan era acabar con ellas definitivamente. La propuesta de la Comisión Europea ahora pretende aumentar la asignación gratuita a la industria por valor de 6.000 millones de euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, algo por lo que había abogado Alemania, que tiene sectores muy dependientes todavía de los combustibles fósiles. Con todo, la propuesta de Bruselas establece nuevas cortapisas para el reparto de los derechos gratuitos: el 80% estarán condicionados a la publicación de un plan de descarbonización. Y el 20% restante se condicionará a la ejecución de esas inversiones en ciclos de cinco años.

Inversiones

Bruselas también quiere asegurarse de que una parte mayor de los Estados recaudan con el ETS se destine a inversiones de lucha contra el cambio climático en los sectores implicados. Según Bruselas, en estos momentos tan solo un 5% de los ingresos generados por las subastas de derechos se destinan a medidas de descarbonización industrial. Los Gobiernos, como recuerda Hoekstra, suelen destinar ese dinero a otras necesidades presupuestarias porque no hay obligación de destinarlo a un fin concreto. La propuesta de la Comisión es que el 50% de esos ingresos se dediquen ahora a los sectores que deben pagar en el sistema ETS, es decir, energía, industrias y transporte marítimo y aviación. Además, Bruselas aboga por la creación de un Banco de Descarbonización Industrial. En 2024, se recaudaron más de 38.000 millones de euros gracias al ETS.

Ampliación a los residuos

Esta reforma del ETS, que ya incluye a los sectores de aviación y marítimos pero en sus trayectos dentro de la UE, también supondrá una ampliación. Bruselas propone incluir al sector de los residuos. En concreto se establece que la incineración de los residuos municipales se introduzca en el sistema ETS a partir de 2031.

Actualmente, uno de los problemas que tiene la gestión de los residuos urbanos es el escaso tratamiento de estos desechos en muchos países de la UE, que acaban enterrados en vertederos o quemados, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí la importancia también de incluir este sector en el ETS para incentivas el reciclaje y tratamiento de los residuos.