Boric y su apoyo incondicional al hidrógeno verde
El gobierno anunció un millonario incentivo tributario retroactivo para impulsar la industria del hidrógeno verde en Chile, comprometiendo recursos públicos por USD 2.800 millones. La medida refuerza la apuesta oficial por transformar al país en exportador global de este energético, pese a las dudas sobre su viabilidad, altos costos e impactos ambientales. En esta columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, critica la falta de regulación y la ausencia de preocupación por los efectos sociales y ecológicos, advirtiendo que la ciudadanía asumirá los costos de estas decisiones. Fuente: La Nueva Mirada, 21 de agosto de 2025.
Esta semana el ministro Mario Marcel anunció el ingreso al parlamento de una iniciativa legal “que establece incentivos tributarios a la producción de Hidrógeno Verde (H2V) y sus derivados” Boletín N°17.777-05, según se señala en su artículo 1°. Créase un beneficio tributario transitorio consistente en un crédito contra el impuesto de primera categoría al cual podrán postular las empresas productoras de hidrógeno (…). Este consistiría, según Marcel, en un crédito contra el impuesto de primera categoría por USD 2.800 millones, al que podrían acceder las empresas que compren este insumo o alguno de sus derivados a productores locales, es decir empresas con domicilio y/o residencia en Chile, independiente del origen de los capitales.
Es más, en sus artículos transitorios la iniciativa legal señala que podrán ser beneficiarios de esta ley las empresas que hayan comenzado operaciones doce meses antes de su entrada en vigencia. Esto sin duda es insólito, pues pocas veces se impulsan en el país leyes con carácter retroactivo.
Con esto, por si alguien tenía alguna duda, el gobierno del presidente Boric se comprometió del todo con la potencial industria del “Hidrógeno Verde”, el cual en realidad es una forma de denominar a la producción de hidrógeno industrial que utiliza energías renovables en su proceso productivo. Así, la actual administración ha endeudado a todos los habitantes del país para promover el desarrollo e implementación de una industria que en teoría contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero que aún genera muchas incertidumbres sobre su desarrollo.
Los cuestionamientos a esta industria se pueden abordar desde distintos aspectos, uno de ellos dice relación con los costos de producción en comparación con otros insumos energéticos, a lo que se suma los costos que implica la construcción de puertos o megapuertos especiales para el embarque de hidrógeno, ya que lo que está proyectando la actual administración es transformar a Chile en un productor mundial de este vector energético. Todo esto sin entrar en consideraciones sobre los impactos ambientales y a la biodiversidad que eventualmente generaría la instalación de grandes enclaves industriales para su producción.
Pareciera que estamos ante una ofensiva productivista impulsada por un lobby internacional que tiene como propósito promover alternativas energéticas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países del hemisferio norte a los cuales poco les importa el impacto ambiental y social que pueden ocasionar en países como el nuestro. De hecho, Chile no es el único país que se ha involucrado en una carrera por impulsar la producción de hidrógeno industrial y sus derivados, también existen iniciativas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú (por nombrar algunos), y qué decir del continente africano, donde se han anunciado más de 50 proyectos de Hidrógeno Verde mientras se prepara para el Global African Hidogen Summit, que se realizará en septiembre próximo en Namibia.
En este sentido da pena y angustia observar cómo nuestros gobernantes, así como también los aspirantes a La Moneda, se comprometen con desarrollos industriales a gran escala sin importar lo que le ocurra al territorio, su gente y ecosistemas. Hasta ahora los que lideran y/o pretenden liderar el país no han manifestado preocupación alguna por los impactos ambientales y sociales que pueden ocasionar este tipo de proyectos. Así poco o nada podemos esperar de los actuales y futuros gobernantes del país.
Finalmente, y solo con el propósito de mostrar esta ausencia de preocupación y apego con el territorio nacional, vale la pena señalar que hoy existen en evaluación ambiental del orden de 12 proyectos de esta naturaleza, sin embargo, no existe una regulación específica para estos como tampoco para las plantas desaladoras que se asocian a ellos, las cuales son necesarias para la obtención de agua para la fabricación de este insumo energético. En vez de avanzar en buenas regulaciones que permitan una adecuada fiscalización futura, observamos con desazón la promoción gubernamental del hidrógeno verde sin consideraciones.
Solo a modo de ejemplo, actualmente existen dos proyectos en evaluación ambiental por USD 11.000 millones y USD 16.000 millones, respectivamente, ubicados en la región de Magallanes; sumándose los que se encuentran en calificación ambiental en Antofagasta y en otras partes del territorio nacional. Desgraciadamente el gobierno de Boric, lejos de atender las preocupaciones y aprensiones de los habitantes de estos territorios, ni de levantar información científica sobre los impactos en la biodiversidad, tales como mamíferos marinos (ballenas y delfines), aves y otras especies de fauna y flora, ha preferido subsidiar en forma retroactiva a una industria que amenaza con generar impactos severos en el territorio nacional, pues finalmente no será su gobierno quien pague los costos de estas decisiones, seremos todas y todos lo que habitamos el país.