Cámara aprueba crear comisión investigadora por acuerdo entre Codelco y SQM

En el inicio de la sesión especial de este miércoles, los diputados impulsaron esta instancia fiscalizadora para recabar antecedentes sobre los actos de gobierno acerca de la asociación comercial a la que llegó la estatal con la empresa minera. Luego de haber dado cuenta de la comisión en el hemiciclo, resta que los comités parlamentarios propongan a sus integrantes. Fuente: La Tercera, 12 de diciembre de 2024.

‘Quería hacer la pregunta a la mesa si hay alguna legalidad en la intervención del Ministerio de Minería y de Codelco enviándoles mensajes a varios parlamentarios que bajaran la firma para esta comisión investigadora’.

La intervención del diputado Cristián Tapia (Ind. -PPD), luego de que el secretario de la Cámara diera cuenta de la petición de los diputados impulsores de la instancia fiscalizadora, fue para exponer públicamente lo que, de forma soterrada, se dejaba ver por los pasillos de la Cámara en esos minutos.

La moción que elevaron los diputados Jaime Araya (Ind. -PPD), Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Danissa Astudillo (PS), Rubén Oyarzo (Ind.), Carlos Bianchi (Ind.) y René Alinco (Ind.) es para reunir los antecedentes relativos a los actos de gobierno, realizados por Codelco y Corfo, en relación al acuerdo suscrito con la minera SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco en Maricunga.

En ese contexto, varios parlamentarios, en privado, acusaron al director de Relaciones Institucionales de Codelco, Daniel Gómez, de hacer lobby para intentar persuadir a los parlamentarios de que retiraran la firma de la moción.

Oyarzo, en tanto, acusó que ‘algunos diputados hemos recibido mensajes desde la dirección de Codelco para retirar la firma y eso crea un manto de dudas tremendo. Esto es gravísimo (…), aquí hay algo que están ocultando y tenemos que fiscalizar’.

‘Esto no es menor, hay un intervencionismo directo en un poder autónomo del Estado como es el Legislativo’, acusó, por su parte, Alinco. ‘No es un detalle minúsculo, esto lo considero de alta gravedad’, añadió en su intervención, instando a que la mesa le haga un ‘reclamo al Presidente de Chile’.

Frente a los reclamos que escalaban y los intentos de la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), por poner paños fríos a los mismos, el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, pidió que enviaran los antecedentes completos para tomar medidas y, de ser necesario, ‘haremos las denuncias correspondientes, tanto en el gobierno como en los tribunales de justicia’.

Luego de dar cuenta en sala, los diputados continuaron con sus descargos. Calisto acusó que ‘hay opacidad en el contrato entre Codelco y SQM, pero hemos demorado un mes en conseguir las firmas porque hemos tenido muchos obstáculos y sobre todo intervención por parte del gobierno’.

‘Hay un código de ética de Codelco que acá se ha vulnerado, las relaciones entre las empresas y los parlamentarios son a través de la ley de lobby y la pregunta que queremos hacerle al presidente de Codelco, a los miembros del directorio, qué van a hacer cuando ellos tienen esta política de relacionamiento con el Congreso’, sostuvo Araya.

El acuerdo indica que se aspira lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que para el periodo 2031 al 2060 se define una producción de litio de 280 a 300 mil toneladas anuales de LCE.

‘Dicho aumento de producción de litio se realizará mediante mejoras en la eficiencia del proceso, la adopción de nuevas tecnologías y la optimización de las operaciones. Este aumento no implicará una mayor extracción de salmuera ni un incremento en el uso de agua continental’, dijeron ambas empresas.

Sobre el detalle del acuerdo, se informó que la asociación se implementará a través de una sociedad conjunta en la que Codelco será titular del 50% de las acciones más una.

Además, se asegura la continuidad operacional y respeto del contrato de arriendo que tiene SQM hasta 2030, garantizando el cumplimiento de acuerdos vigentes con comunidades y otras organizaciones sociales.

En tanto, se espera que la asociación comience a operar durante 2025, una vez cumplidas las condiciones previas. ‘Entre éstas se cuentan el proceso de consulta indígena liderado por Corfo y cumplir con todos los procesos y permisos para la operación, tales como: la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, y distintas aprobaciones de libre competencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica y de otros organismos en el extranjero’.