Contraloría asesta nuevo golpe potencialmente fatal a proyectos ilegales emplazados en áreas de preservación ecológica
Un pronunciamiento confirmó que es ilegal la actividad inmobiliaria en zonas rurales protegidas de la Región Metropolitana de Santiago. Una noticia que impacta a cuatro proyectos cuestionados en Colina y Lo Barnechea, a los cuales, pese a escuchar sus descargos, la CGR cerró definitivamente su viabilidad en las actuales condiciones. Fuente: Interferencia, 20 de junio de 2023.
En un nuevo dictamen emitido durante la semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) cerró de forma concluyente la situación de los proyectos inmobiliarios que se pretenden llevar a cabo en áreas de preservación ecológica ubicadas en las comunas de Colina y Lo Barnechea.
El documento, firmado por el titular de la cartera, Jorge Bermúdez y emitido por la División Jurídica y la División de Infraestructura y Regulación del ente, se pronunció tras escuchar los argumentos de las partes incumbentes, considerando los descargos de los representantes de los condominios ubicados en esas zonas protegidas.
Se trata de desarrolladores inmobiliarios ligados a importantes nombres del empresariado y la política (ver la cobertura de Interferencia al respecto), quienes vendieron a altos precios subdivisiones de terrenos rurales emplazados en sectores donde la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) no permite el uso residencial.
La Contraloría reiteró que estas iniciativas no se ajustan a derecho porque deben respetarse los usos de suelo del artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación.
“Suponemos que los compradores no fueron debidamente informados de esa restricción normativa. Por el contrario, en su publicidad los desarrolladores inmobiliarios les decían que en sus costosas parcelas de agrado podrían construir sus viviendas y tener una agradable vida rodeados de naturaleza”, apuntan los denunciantes.
La Contraloría reiteró que estas iniciativas no se ajustan a derecho porque deben respetarse los usos de suelo del artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación.
Según los denunciantes, “en estos negocios ilegales intervenían como ‘asesores técnicos’ connotados profesionales quienes, a través de lobby con autoridades de distintos gobiernos, desde hace años venían avanzando en la concreción de estas actividades en las comunas de Colina y Lo Barnechea”.
En paralelo, cuatro de estos proyectos emplazados en áreas de preservación ecológica están siendo querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los perjuicios causados al medio ambiente.
En concreto, se trata de una demanda de reparación de daño ambiental por parte del CDE en contra de Desarrollo La Dehesa SpA, representada legalmente por Marcos Besomi Tomas; MDPR Spa, cuyo representante es Juan Pablo Von Bernath Bardina; Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente SpA, representada por Domingo Undurraga Julio; e Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, representada por Vittorio Marcello Corbo Urzúa y Alejandro Molnar Fuentes. Los nombres anteriores son quienes están detrás de los proyectos La Cumbre, Mirador Pie Andino y Hacienda Guay Guay en Chicureo y del proyecto Chaguay en La Dehesa.
Nuevo revés legal
El dictamen de la CGR asesta un nuevo golpe a estos proyectos inmobiliarios y se suma a una larga lista de traspiés anteriores, siendo el más reciente en marzo de este año, cuando el mismo organismo contralor rechazó un instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental que podría haber favorecido a este tipo de proyectos, ordenándose subsanar una serie de definiciones.
Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, apuntó que “la Contraloría dejó en claro que todas estas áreas que están protegidas por el Estado, dentro de las cuales están las áreas de valor natural y en ellas están las áreas de preservación ecológica, se deja en evidencia que todas estas inversiones que se han hecho y han significado la destrucción de bosque esclerófilo, intervención de quebradas e incluso potencial daño a sitios arqueológicos, son ilegales. Afortunadamente, en paralelo el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado criminalmente contra los responsables de estos proyectos”.
En paralelo, cuatro de estos proyectos emplazados en áreas de preservación ecológica están siendo querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los perjuicios causados al medio ambiente.
En ese sentido, y a partir de un dictámen que parece concluyente, Herman sostuvo que es hora de destacar la voluntad de fiscalización que tuvieron los municipios de las comunas donde se emplazan los proyectos: “me gustaría marcar la diferencia que tuvieron las dos administraciones municipales. El alcalde Cristóbal Lira de Lo Barnechea ha sido muy riguroso y desde el primer momento apoyó las denuncias y las presentaciones que se hicieron en la CGR y en el CDE. No podría decir que es la misma actitud que tuvo el ex alcalde de Colina, Mario Olavarría, quien incluso tenía más proyectos ilegales que su comuna vecina en el área que le correspondía fiscalizar”.
Asimismo, aprovechó de mencionar que “la persona que se lleva todas las felicitaciones de todos aquellos que queremos que se respeten las leyes y se proteja el medio ambiente es Gonzalo Prieto, quien ha seguido el tema desde el comienzo y luego me invitó a mí a colaborar en hacer esto público y hacer las denuncias ante los organismos correspondientes, junto al apoyo en difusión que tuvimos de medios de prensa independientes que dieron cobertura a esta situación”.