Veinte días cruciales para la postulación de Valparaíso a ser sede del BBNJ

Tras nueve años de conversaciones, el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales está ad portas de materializarse y abrir un periodo clave para las aspiraciones de albergar en la capital regional a los funcionarios de la ONU encargados de su puesta en marcha y administración: Fuente: El Líder de San Antonio, 28n de diciembre de 2025.

El Tratado de Alta Mar entrará en vigor el próximo 17 de enero, tras lograr la ratificación de 60 países el pasado mes de septiembre, como un documento de importancia para vigilar actividades fuera de las jurisdicciones nacionales en un momento en el que varios actores escudriñan la posibilidad de iniciar la minería en los fondos marinos.

Oficialmente conocido como Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), fue aprobado el 19 de junio de 2023 tras recorrer un largo camino de negociaciones entre los países miembros de Naciones Unidas que se remontan a 2015.

En ese año, un Comité Preparatorio recomendó la elaboración de un texto que sirviera como instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o UNCLOS, por sus siglas en inglés), para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales del océano (más allá de las 200 millas).

En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una Conferencia Intergubernamental para analizar el documento, a la que siguieron periodos de reuniones anuales que se interrumpieron con la pandemia, entre 2019 y 2022. Finalmente, en el quinto periodo de conversaciones, la Conferencia aprobó por consenso el Acuerdo BBNJ en junio de 2023.
Importancia

El acuerdo contempla los principios para la conservación y utilización de forma sostenible de toda la biodiversidad marina más allá de los límites nacionales, es decir, una superficie de aproximadamente 190 millones de kilómetros cuadrados (km²), la mitad de la superficie del océano en todo el planeta.

La entrada en vigor marcará ‘el inicio de la puesta en marcha y un cambio significativo en cómo la comunidad internacional debe proteger y gestionar el océano global’, dicen desde la organización High Seas Alliance.

Cuatro son las cuestiones más importantes que recoge el Tratado de Alta Mar: Velar por la conservación de los recursos genéticos marinos, con una distribución ‘justa y equitativa’ de los beneficios. La creación o incremento de las áreas marinas protegidas (AMP). Evaluaciones de impacto ambiental. La creación de capacidades y transferencia de tecnología marina.

Esto significa que con esta herramienta se regularán las actividades humanas en alta mar, mediante el desarrollo de normas ambientales contempladas en el equivalente a una ‘constitución para los océanos’. Además, el tratado contempla la creación de una Conferencia de las Partes (COP), un mecanismo de intercambio de información, una secretaría y un mecanismo de financiación.
Chile pide ser sede

Chile fue el primer país en ratificar el BBNJ y ha solicitado ser la sede de la Secretaría del mismo, que estaría en la ciudad de Valparaíso, según explicó el director de Medio Ambiente, cambio climático y Océanos de la Cancillería chilena, Julio Cordano.

España firmó el BBNJ en septiembre de 2023 y fue el primer país europeo en depositar —el 14 de febrero de 2025— el acuerdo de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York, iniciativa seguida por Francia. Entre los primeros países en ratificar el Tratado estuvieron Bangladesh, Barbados, Belice, Cuba, Panamá y otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), cuyas economías dependen de los ecosistemas marinos. Por su parte, Estados Unidos firmó el BBNJ, pero aún no ha ratificado el documento.
Primeros pasos

Una vez en vigor, la Comisión Preparatoria continuará trabajando para sentar las bases de las instituciones del tratado, incluido el Órgano Científico y Técnico y el Comité de Acceso y Distribución de Beneficios. Asimismo, se espera la creación de una amplia red global de AMP en alta mar que fomente el compromiso de protección del 30% del océano para 2030, meta conocida como 30×30.