La opacidad de la tributación del litio: Tesorería General de la República elude fallo de la Corte de Apelaciones y no entrega información a Fundación Terram
El 29 de marzo, la IV Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia, en el cual se ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) a entregar la información sobre la tributación del litio. La entidad fiscal argumentó no poseer las cifras y, eludiendo el fallo, hizo entrega de una documentación inapropiada. Desde Fundación Terram enfatizamos que esto es una falta grave a la transparencia y el acceso a información sobre un recurso estratégico, dejando en evidencia la opacidad de la tributación minera y, en particular, del litio.
En una controversia que comienza en septiembre de 2021, tras la solicitud de información de Fundación Terram dirigida a la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), utilizando la Ley sobre acceso a la información pública (Nº 20.285), en donde se requerían a ambas instituciones las cifras sobre la tributación generada por la producción y comercialización de compuestos de litio. En respuesta el SII señaló no tener competencia para entregar la información, mientras que Tesorería se negó a facilitar las cifras, siendo esta institución el principal obstáculo para la transparencia fiscal del sector litífero. Esta situación motivó la escalada al Consejo para la Transparencia (CPLT) y luego a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el 29 marzo se denegó el reclamo de ilegalidad presentado por la TGR y se le ordenó entregar la información solicitada.
Desde un comienzo la Tesorería resolvió oponerse a la entrega de la información por considerar que esta podría afectar los “derechos de carácter comercial o económico” de terceros, considerando entre estos últimos a la compañía nacional SQM y la empresa estadounidense Albemarle. Tras ser denegada la entrega de la información, Fundación Terram presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, pues nos parece que tenemos el derecho a estar informados sobre cuanto aporta a las arcas fiscales la minería del litio.
Con fecha del 18 de enero de 2022, el Consejo resolvió a favor del solicitante y requirió a la Tesorería proporcionar dicha información del comportamiento fiscal o, en caso contrario, entregar un detalle pormenorizado del por qué no puede dar respuesta a dicha solicitud. Frente a esta resolución, la Tesorería denegó brindar las cifras solicitadas en reiteradas instancias, llegando incluso a argumentar la inexistencia de la información requerida, llevando esta causa más allá de los actos administrativos propios del Consejo, presentando un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Finalmente, tras siete meses de trámites, desde el ingreso de la solicitud en septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió, el 29 de marzo de 2022, rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por la TGR, dictaminando así la entrega, de acuerdo a lo solicitado por Terram, de “la información referida al aporte fiscal anual generado por la producción y comercialización de compuestos de litio, según indica en el numeral 1) de lo expositivo del Acuerdo, agregada para todas las empresas que explotan y comercializan compuesto de litio sin individualizar en cada una de las empresas aludidas en su presentación”.
A pesar del fallo favorable, que reconoce la importancia de la transparencia tributaria en temas mineros y, en especial, litíferos, lo esencial era la entrega de una información legible y conforme a lo solicitado a través de la ley Nº 20.285. Transcurridos los cinco días hábiles administrativos que disponía la Tesorería para acatar el fallo de la Corte y entregar la información solicitada por Fundación, la entidad fiscal optó por realizar un cumplimiento alternativo facilitando un documento de “no disponibilidad de información”, cuyo respaldo de búsqueda es una base de datos paupérrima e incomprensible para su lectura o uso.
Opacidad fiscal en la cuestionada industria del litio y los problemas de acceso a la información pública
Desde Fundación Terram existe una preocupación por la evidente opacidad que está presentando la tributación del litio en Chile, por lo que esta controversia entre las entidades gubernamentales aludidas y nuestra institución es útil para retratar y relevar las enormes brechas de transparencia fiscal que presenta el sector minero, en donde, además, el derecho a la información pública se encuentra menoscabado. Las entidades que debieran ser competentes para entregar la información requerida, como lo son el Servicio de Impuesto Internos (SII) y la Tesorería General de la República, han demostrado un comportamiento que contraviene a todas luces el ejercicio de nuestro derecho a acceder a información pública.
Ahora bien, a pesar de que los argumentos de la Tesorería para no entregar la información solicitada estén centrados principalmente en la inexistencia de un código asociado a la actividad litífera, desde Terram sostenemos que aquella justificación no fue lo suficientemente respaldada con una búsqueda exhaustiva de información, ya que la documentación de “no disponibilidad de información” proporcionada por la Tesorería no cumple con los estándares requeridos por el Consejo para la Transparencia.
De igual modo, asumimos que la información del comportamiento fiscal del litio se dispone en los servicios públicos antes mencionados (SII y Tesorería), ya que nuestra solicitud se fundamenta en la presentación de Fernando Barraza, entonces director de SII, sobre la información relativa al aporte fiscal del litio frente a la Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 2018. En dicha oportunidad, el director de SII presentó frente a la “Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama, y su ejecución”, de la Cámara de Diputados, el comportamiento tributario de las empresas del litio, respecto al impuesto de primera categoría, impuesto específico minero, impuesto adicional remesas y devoluciones IVA exportador, en los años 2015, 2016 y 2017, por lo que no se entiende que no exista la misma información para los otros años requeridos.
Por último, desde Fundación Terram relevamos que la persistente negativa de la Tesorería a proporcionar la información solicitada ha contravenido el principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley N° 20.285, que propende y asegura que los ciudadanos accedan efectivamente a la información pública, exigiéndole a los organismos del Estado facilitar el ejercicio de tal derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Por lo que el problema expuesto no solo se acota a las brechas de transparencia fiscal sectorial, sino que también devela las trabas que presenta la institucionalidad para asegurar que los habitantes de nuestro país puedan ejercer su derecho de acceso libre y apropiado a información que es de interés público.
Puedes revisar el expediente en el Consejo para la Transparencia, Rol C7409-21.