El incansable círculo vicioso de Dominga
El interminable proceso judicial y administrativo en torno al proyecto minero portuario Dominga ha convertido su evaluación ambiental en un verdadero círculo vicioso, donde el Tribunal Ambiental de Antofagasta ha evitado pronunciarse sobre los aspectos técnicos de fondo, generando desgaste en las organizaciones ambientales y prolongando la incertidumbre. En esta columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, advierte que este caso refleja una preocupante distorsión del sistema de justicia ambiental en Chile, que en vez de resolver controversias, termina por crearlas. Fuente: La Nueva Mirada, 25 de septiembre de 2025.
Pareciera que el proceso de calificación ambiental del proyecto minero portuario Dominga ha entrado en un círculo vicioso. El día 16 de septiembre recién pasado la Corte Suprema emitió un fallo en el cual señala que no acogió a trámite los recursos de casación que habían presentado organizaciones ambientales y el Servicio de Evaluación Ambiental. Estos recursos se presentaron en contra de la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta (1° TA) dada a conocer en diciembre de 2024 y que anuló la votación efectuada por el Comité de Ministros en enero de 2023, mediante la cual se rechazó el proyecto.
En ese pronunciamiento del año 2024 el 1° TA ordenó a una nueva votación bajo ciertas condiciones, entre las cuales estaban, que la votación se efectuara en 15 días y que el Comité de Ministros debía ser integrado por personas que no tuvieran comprometida su imparcialidad. Como los ministros ya se habían pronunciado en contra del proyecto, la forma de salvar esta condición impuesta por el Tribunal Ambiental fue que los ministros se inhabilitaran de votar y fuesen reemplazados por los Subsecretarios de las carteras correspondientes, según lo señalado en un pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República.
Realizar una segunda votación sobre el mismo proyecto sin cambio alguno parece bastante insólito, pues se supone que en la reclamación administrativa que vota el Comité de Ministros se revisan antecedentes técnicos del proyecto en cuestión. Pero, en fin, cumpliendo lo indicado por la instancia judicial, se realizó una nueva votación en enero de 2025 y como era de esperar el Comité de Ministros rechazó nuevamente el proyecto. Decisión que obviamente fue cuestionada por la empresa Andes Iron propietaria del proyecto Dominga y que no ha sido resulta.
Pero las cosas se enredan aún más y en mayo de 2025 la Tercera Sala de la Corte Suprema, después de haber escuchado alegatos, informó que estaba en acuerdo respecto de si acoger o no a trámite los recursos de casación interpuestos por el SEA y organizaciones ambientales en contra de la resolución del 1°TA de diciembre de 2024. Finalmente, este mes la Suprema dio a conocer el fallo en el que señala que estos recursos no fueron acogidos a trámite, pero el lío sobre este proyecto que pretende instalarse en uno de los lugares mas valiosos en cuanto a biodiversidad que existen en el país, está lejos de concluir. Pues tal como se mencionó más arriba, en enero de 2025 el Comité de Ministros rechazó nuevamente el proyecto.
Lo cierto por ahora es que el proyecto de la familia Délano, no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Es decir, no ha sido aprobado ambientalmente, muy por el contrario, este ha sido rechazado en varias ocasiones. El primer rechazo fue en la comisión de evaluación ambiental (COEVA) regional en marzo de 2017; luego fue rechazado por el Comité de Ministros en agosto de 2017, que luego de haber solicitado informes adicionales a diversos servicios públicos, los cuales daban cuenta de las falencias del proyecto impulsado por la empresa Andes Iron, llego a la conclusión que este no era viable. Posterior a esta votación y dado que la empresa recurrió al Tribunal Ambiental de Antofagasta (1°TA), este determinó que el proyecto fuese votado nuevamente en la COEVA, dada esta situación se presentaron recursos de casación por parte de organizaciones ambientales, que fueron acogidos a trámite y en el fallo de 2019 la Corte Suprema establece que el 1° TA no se pronunció sobre aspectos técnicos que originaron el rechazo del proyecto y que debe hacerlo, para lo cual indica que debe revisar el caso.
Lo anterior, motivó el regreso de esta causa al Tribunal Ambiental de Antofagasta, que después de escuchar los alegatos de las partes -y nuevamente sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los aspectos científicos técnicos- ordenó nuevamente la votación en la COEVA. Para estos efectos, en agosto de 2021, se citó a una reunión extraordinaria y el proyecto fue aprobado regionalmente. Hay que tener presente que estábamos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien también estaba implicado en el destino de Dominga. Por tanto, lo que siguió fueron reclamaciones administrativas y un nuevo Comité de Ministros, el cual se realizó en enero de 2023 y rechazó el proyecto.
Como era de esperar la familia Delano a través de Andes Iron recurre nuevamente al 1° TA ambiental y este nuevamente ordena una votación del Comité de Ministros, la que como ya señalamos, se realizó en enero de 2025 rechazando otra vez el proyecto.
Resulta evidente que es casi imposible seguir el hilo de las reclamaciones administrativas y judiciales que han ido sucediendo a lo largo de los años en relación al proyecto minero portuario Dominga, pues el Tribunal Ambiental de Antofagasta -lejos de cumplir el rol que le compete- en varias ocasiones ha eludido pronunciarse sobre el fondo del tema que tiene relación con la viabilidad de un proyecto minero y con la construcción de un puerto que pretende emplazarse en las inmediaciones de una de las zonas más ricas y espectaculares en biodiversidad de Chile, donde además existe un área protegida.
En teoría, cuando un proyecto es sometido a evaluación ambiental via Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una instancia regional (COEVA) debe aprobar o rechazar el proceso en que la iniciativa se evalúa. Ante este pronunciamiento, se puede apelar por la via administrativa al Comité de Ministros y en caso de aprobación o rechazo, lo que sigue es recurrir a tribunales ambientales y sobre el pronunciamiento de los jueces se puede recurrir a la Corte Suprema.
Sin embargo, lo que ha pasado con el proyecto minero portuario Dominga, no sigue esta lógica, pues como ha quedado en evidencia en los pronunciamientos del Tribunal Ambiental de Antofagasta, este no ha resuelto sobre aspectos técnicos, generando un ir y venir de las instancias administrativas y judiciales que han transformado este proceso de evaluación ambiental en un loop o circulo vicioso, que pareciera tener como propósito el desgaste de las organizaciones ambientales que desde el inicio se han opuesto al proyecto Dominga. Lo curioso y a la vez lamentable, es que según señala la ley estos tribunales fueron creados para resolver controversias ambientales y no para crearlas como ha sido hasta ahora. Mientras las organizaciones ambientales seguiremos insistiendo en que este no es un lugar adecuado para instalar un proyecto minero portuario.