Impuesto Verde: 105 establecimientos deberán pagar y presión aumenta sobre Biobío, Valparaíso y Antofagasta
La Superintendencia del Medio Ambiente identificó 105 establecimientos que deberán pagar el Impuesto Verde en 2025, concentrándose en Biobío, Valparaíso y Antofagasta, zonas clave para la industria. Fuente: Redimin, 1 de julio de 2026.
La SMA identificó a las regiones con mayor concentración de instalaciones afectas al gravamen ambiental. El dato abre presión sobre industrias intensivas en emisiones y acelera decisiones de inversión en tecnología limpia.
La Superintendencia del Medio Ambiente informó que 105 establecimientos quedaron afectos al pago del Impuesto Verde correspondiente al período 2025, luego de revisar los reportes trimestrales de emisiones enviados por las fuentes reguladas.
El listado, publicado por la SMA, muestra una concentración territorial marcada: Biobío reúne el 20,95% de los establecimientos afectos, seguido por Valparaíso con 14,29% y Antofagasta con 13,33%. Se trata de zonas con fuerte presencia industrial, energética, portuaria y minera, donde la reducción de emisiones comienza a transformarse en una variable de competitividad.
Qué exige el Impuesto Verde
El Impuesto Verde fue establecido por la Ley N°20.780 y grava emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono.
Según la normativa explicada por el Sistema de Compensación de Emisiones del Ministerio del Medio Ambiente, el tributo aplica a establecimientos cuyas fuentes emisoras alcancen o superen:
- 100 toneladas anuales de material particulado.
- 25.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.
La SMA precisó que los 105 establecimientos afectos representan el 43,03% de los 244 establecimientos que habían sido identificados inicialmente como potenciales sujetos al impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente.
Regiones industriales bajo mayor presión
La concentración en Biobío, Valparaíso y Antofagasta no es casual. Son territorios donde operan industrias intensivas en energía, complejos productivos, infraestructura portuaria, generación eléctrica, minería, fundiciones y actividades asociadas a cadenas logísticas.
En la práctica, el impuesto funciona como una señal económica: mientras mayores sean las emisiones, mayor será la carga asociada. Por eso, las empresas tienen incentivos para revisar consumo de combustibles, procesos térmicos, eficiencia energética, electrificación de equipos y posibles alternativas de compensación.
La consultora GHD planteó, en una publicación recogida por Reporte Minero, que existen oportunidades tecnológicas para que las compañías reduzcan emisiones mediante electrificación de procesos industriales, reemplazo de calderas fósiles, bombas de calor industriales, hornos eléctricos y uso de energía renovable.
Cómo pueden reducir la carga las empresas
El impuesto no solo opera como cobro. También se vincula con el Sistema de Compensación de Emisiones, mecanismo que permite a contribuyentes afectos compensar total o parcialmente sus emisiones mediante certificados generados por proyectos aprobados.
La SMA informó que el Sistema de Compensación de Emisiones alcanzó en 2024 una reducción de 4,4 millones de toneladas de CO2, con una recaudación superior a US$22 millones que será redirigida al financiamiento de acción climática.
Para las industrias, esto abre tres caminos principales: pagar el impuesto, invertir en reducción directa de emisiones o usar mecanismos de compensación cuando la normativa lo permita. La decisión dependerá del tipo de proceso productivo, el costo de abatimiento, la disponibilidad tecnológica y los plazos regulatorios.
Por qué importa para hogares y territorios
Aunque el Impuesto Verde recae sobre establecimientos industriales, su impacto tiene alcance territorial. La reducción de material particulado y otros contaminantes locales puede incidir en la calidad del aire de comunas expuestas a actividad industrial, especialmente en zonas donde existen planes de descontaminación o conflictos ambientales persistentes.
También importa para la economía regional. Las empresas que operan en sectores exportadores enfrentan mayores exigencias ambientales de clientes, inversionistas y mercados internacionales. En minería, energía y manufactura, la huella de carbono ya no es solo una variable ambiental: también puede afectar acceso a financiamiento, contratos y reputación corporativa.
Qué deben revisar las empresas afectas
Los establecimientos incluidos en el listado deben poner atención a sus reportes de emisiones, la trazabilidad de sus datos y la información que será remitida por la SMA al Servicio de Impuestos Internos para el cobro respectivo.
El punto clave para las compañías está en anticipar decisiones. En regiones como Biobío, Valparaíso y Antofagasta, la presión regulatoria y ambiental seguirá aumentando, por lo que la gestión de emisiones ya no aparece como un costo aislado, sino como parte central de la continuidad operacional y la competitividad industrial.