Ni bien se mostró ayer la pantalla gigante con las votaciones del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los vítores se multiplicaron por toda la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Hasta un grupo del Sindicato de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas, que se encontraba en la tribuna, alzó los brazos en señal de júbilo. Con ello, concluía el segundo trámite constitucional de un proyecto de ley cuya discusión se ha dilatado, por diversas razones, en el Congreso por más de doce años. Antes de pasar a Sala, la iniciativa fue visada por la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Sin embargo, al comenzar la votación separada que solicitaron diputados y diputadas de las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura, estalló de nuevo la polémica. En particular, cuando se votó separadamente el polémico artículo 92 de la iniciativa, cuyo texto señala que las concesiones sectoriales en áreas protegidas se regirán por sus propias leyes. En otras palabras, dicho artículo permite las concesiones privadas fuera de los fines autorizados: educación, investigación y turismo sustentable. Este artículo había sido aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara, y reemplazó aquel que había emanado de la Comisión de Medio Ambiente que prohibía todo tipo de concesiones fuera de las salvedades ya reseñadas.

En el tercer trámite constitucional, en efecto, la batalla irá en el orden de recuperar la prohibición total a las concesiones sectoriales. La voz cantante en la discusión de ayer en la Sala fue de la propia ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien antes de la votación señaló expresamente que el Gobierno no está de acuerdo con tener actividades industriales en áreas protegidas, situación que, por lo demás, hoy ocurre, tales como concesiones mineras, hidroeléctricas y salmonicultura en parques y reservas nacionales.

Pese al traspié, la ministra Rojas, visiblemente emocionada, celebró la aprobación del proyecto en Sala, aunque anticipó que el Ejecutivo pugnará para que no haya actividades industriales ni extractivas en áreas protegidas “La crisis de biodiversidad no permite seguir esperando y por lo tanto valoramos la creación de este servicio público que cuidará de nuestro patrimonio natural. Chile se comprometió recientemente a un nuevo acuerdo internacional: el Nuevo Marco Global de Biodiversidad, para cumplir 23 metas para resguardar la diversidad de la vida en el planeta tiene como condición habilitante contar con este servicio. Queda un trámite más, y una comisión mixta, donde esperamos resolver y mejorar algunos puntos muy importantes. Me refiero a sitios prioritarios y concesiones: hacernos cargo de la pérdida de biodiversidad requiere que en nuestras áreas protegidas no existan actividades productivas”, dijo en punto de prensa.

Consultada por País Circular, la ministra Rojas indicó que “tenemos espacio en la mixta de reponer ciertos temas que hayan cambiado mucho entre el primer y el segundo trámite. Esperamos poder reponer indicaciones y generar el acuerdo para el tercer trámite. Si no, hay otras opciones que vamos a tener que ir evaluando”.

En ese mismo punto de prensa, los diputados Jaime Sáez y Félix González también celebraron el avance de la iniciativa, aunque también esperan resolver en la comisión mixta esta piedra de tope que, en palabras de la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, es “un absurdo, un despropósito y un contrasentido”.

Según dice Larraín a País Circular, “la gran tensión en este proceso fue la insistencia del sector productivo que quería mantener chipe libre para desarrollar proyectos dentro de áreas protegidas. Es absurdo que se deje la puerta abierta a actividades industriales. El tema es que la Comisión de Agricultura pidió el proyecto, no le correspondía, pero lo pidió para ir en contra de lo aprobado en Medio Ambiente, y el artículo 92 que hoy se aprobó en Sala lamentablemente, permite las concesiones sectoriales. Esto pasa a Comisión Mixta porque hay una contradicción flagrante entre lo que aprobó la comisión técnica (Medio Ambiente) y una comisión revisora de segundo orden (Agricultura)”.

Diputado Melo pedirá veto presidencial en la Comisión Mixta

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, diputado Daniel Melo, no parecía muy satisfecho con el avance que tuvo el proyecto de SBAP hacia su tercer trámite constitucional. Para él es perentorio trabajar sobre el artículo 92 en la comisión mixta y eliminar todo tipo de concesiones sectoriales en áreas protegidas. Por ello, conminó al Presidente de la República, Gabriel Boric, a vetar el polémico artículo para que el naciente servicio cumpla una misión real, que es resguardar las áreas protegidas.

“Hacemos un emplazamiento al gobierno y un llamado al Presidente de la República a que vete este artículo para evitar que las concesiones sectoriales se lleven adelante. Aún tenemos tiempo para mejorar este proyecto de ley para que, en definitiva, se cumplan los objetivos: proteger la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país”, declaró ante la prensa el legislador socialista, para quien “no es posible que la industria del salmón siga funcionando en zonas protegidas en el sur del país”.

Al respecto, Sara Larraín expresa que “el diputado Melo tiene toda la razón”, en circunstancias de que “cuando una comisión como la de Agricultura que no le corresponde ver el proyecto, y lo pide solo para boicotear la protección de la biodiversidad, obviamente que da rabia. Da rabia que ciertos parlamentarios de derecha se pongan del lado de dejar la puerta abierta para las actividades productivas, sabiendo toda la conflictividad social que hay. Tiene razón en pedir el veto, porque el sentido y el objeto es para proteger la biodiversidad. Es absurdo que haya un artículo que contradice todas las definiciones del proyecto”.

Según Larraín, el proyecto “perdería sentido” si se aprueban las concesiones sectoriales y, es más, señala que el artículo 92 entra en contradicción con el 93, donde solamente se establece la autorización para educación, investigación y turismo sustentable, por lo tanto este tema también se discutirá en comisión mixta. Ahí vamos a trabajar para ganar”. La comisión mixta en cuestión estará conformada por cinco senadores y cinco diputados, cuyos nombres se deben definir, pero según la experiencia de Larraín debieran ser cinco de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y cinco de la misma comisión, pero del Senado.

En ese sentido, Sara Larraín cree que el Ejecutivo debería jugar un papel protagonista en la discusión en la Comisión Mixta, sobre todo disciplinando a sus legisladores para que se pongan la camiseta contra las concesiones sectoriales. “Chile no puede seguir en el doble estándar. Los legisladores tendrán que ser responsables con el objetivo de la ley. Obviamente nosotros como Chile Sustentable vamos a hacer lobby con las organizaciones ciudadanas y con los parlamentarios para que obviamente los artículos que quedaron para comisión mixta se aprueben en el sentido del objetivo de la ley y no contra la ley. Esperamos que el Gobierno siga disciplinando a sus parlamentarios con el objeto de que tengamos un solo estándar en Chile”, dice Larraín.

Si el proyecto sigue así, se seguirían permitiendo actividades como la salmonicultura en áreas protegidas.

“Chile no puede seguir en el doble estándar. Los legisladores tendrán que ser responsables con el objetivo de la ley. Obviamente nosotros como Chile Sustentable vamos a hacer lobby con las organizaciones ciudadanas y con los parlamentarios para que obviamente los artículos que quedaron para comisión mixta se aprueben en el sentido del objetivo de la ley y no contra la ley”. Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable.

La alegría del Sindicato de Guardaparques

Conocida la noticia del avance de la normativa, el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas celebró en la tribuna de la Sala de la Cámara de Diputados en Valparaíso. Su presidente César Bastías consideró la mañana de ayer como un día “histórico”, ya que el proyecto permite traspasar a cerca de 500 guardaparques que trabajan para CONAF al nuevo servicio, el que además contará -agrega Bastías- con mayor financiamiento y mayor dotación, al incorporarse 500 nuevos funcionarios.

“Somos 500 guardaparques a nivel nacional que protegemos cerca del 21 por ciento de la superficie del país, lo cual a todas luces es una cantidad que no está acorde con lo que requiere Chile en materia de protección ambiental. Nos garantiza facultades que no tenemos: la CONAF, una corporación de derecho privado que cumple funciones públicas. No tiene las facultades legales para cumplir a cabalidad la protección del medioambiente; como guardaparques, esto lo vivimos en carne propia: tenemos serios problemas para fiscalizar actividades dentro de las áreas silvestres, y en las zonas aledañas a ellas: actividades ganaderas, tala y corte de bosques, proyectos mineros y salmonicultura“, explica César Bastías.

Según el dirigente, “el SBAP trae un aumento de tres veces el presupuesto con el que cuentan las áreas silvestres protegidas. Y esto es solo el inicio para funcionar. Contaremos con un director ejecutivo que está solo abocado a las áreas silvestres, no como ahora que en CONAF nuestro director tiene que velar por la prevención de los incendios forestales, la fiscalización, bosque y cambio climático”. Así y todo, agregó el presidente del Sindicato de Guardaparques, “aún hay espacio para mejorar como son el tema de las concesiones sectoriales que todavía quedó dentro del proyecto de ley a través de una indicación que se hizo en la Comisión de Agricultura, pero que esperamos revertir. Y tenemos que resolver algunos detalles de los traspasos, para lo cual hemos tenido conversaciones permanentes con el MMA”.

A pesar de las críticas por el tema de las concesiones, Sara Larraín también siente que ayer se dio un paso histórico en la lucha por una institucionalidad ambiental más potente en el país: “Yo creo que hay que celebrar el triunfo de haber terminado el segundo trámite legislativo, con obstáculos de todo tipo. Lo que queda es parte del corazón del proyecto: no obstante, hay que celebrar la aprobación. El rechazo de este proyecto hubiera significado perder un año y partir todo de nuevo. Este servicio permitirá que solo una institución coordine el resguardo de las áreas protegidas en sus distintas categorías, que se armonizaron con las categorías internacionales establecidas por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), y eso es un tremendo avance porque permite los flujos financieros y de la acreditación de cumplimiento de lo que será un objetivo de que el 30 por ciento de cada uno de los países esté bajo áreas protegidas”. Dicho acuerdo fue suscrito en la última COP15 de Biodiversidad celebrada entre el 7 y el 19 de diciembre de 2022 en Montreal, Canadá.