La ampliación del gravamen a instalaciones de otros sectores productivos, como el cementero o la minería -debido a los cambios de este gravamen que se consideran en el proyecto de reforma tributaria-, implicaría un incremento promedio de US$ 47 millones por año en el pago que realizarían las empresas. Fuente: El Mercurio, 28 de abril de 2019.