AES Andes impugna multa ambiental de $175 millones por incumplir Plan de Descontaminación en Quintero
En la audiencia, presidida por la ministra Marcela Godoy Flores, el abogado Sebastián Avilés Bezanilla, representante de AES Andes, argumentó que la multa carece de sustento técnico y legal, destacando supuestas inconsistencias en la fiscalización. Fuente: Electromineria, 3 de abril de 2025.
El Segundo Tribunal Ambiental analiza desde este 3 de abril de 2025 el recurso presentado por AES Andes para anular una multa de 214 UTA (aproximadamente $175 millones) impuesta al Complejo Termoeléctrico Ventanas, propiedad de su filial AES Andes.
La sanción, ordenada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se originó tras verificarse el incumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví durante un episodio crítico de contaminación por dióxido de azufre (SO₂) en marzo de 2023.
En la audiencia, presidida por la ministra Marcela Godoy Flores e integrada por los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, el abogado Sebastián Avilés Bezanilla, representante de AES Andes, argumentó que la multa carece de sustento técnico y legal, destacando supuestas inconsistencias en la fiscalización. Por su parte, la abogada Katharina Buschmann Werkmeister, en defensa de la SMA, sostuvo que la termoeléctrica operó sin ajustar sus emisiones durante la alerta ambiental, agravando los niveles de SO₂ en una zona ya catalogada como «de sacrificio» por su histórica exposición a contaminación industrial.
El conflicto revive el debate sobre el impacto de las centrales a carbón en la bahía de Quintero, donde comunidades locales han enfrentado intoxicaciones masivas y deterioro ambiental por décadas. El PPDA, vigente desde 2019, obliga a las empresas a reducir emisiones durante alertas, pero organizaciones socioambientales acusan a AES Andes de priorizar su operación sobre la salud pública, especialmente tras el episodio de 2023, que elevó las concentraciones de SO₂ a niveles peligrosos.
El tribunal tiene ahora 30 días para emitir un fallo que podría marcar un precedente en la aplicación de sanciones ambientales a industrias en Chile. Mientras tanto, vecinos y activistas exigen mayor rigurosidad en la fiscalización y medidas concretas para evitar nuevos incumplimientos, subrayando que la zona requiere una transición energética urgente para proteger a sus habitantes.