Cómo los gobiernos de Piñera y Boric operaron en favor de la salmonera Australis Seafood (Parte 1)

En medio de la guerra judicial entre los nuevos y antiguos dueños de Australis, esta investigación de Fundación Terram revela decenas de infracciones ambientales archivadas por la SMA a pesar de haber sido denunciadas, planes para engañar a la autoridad y compensar excesos de manera ficticia que fueron aprobados, nuevas concesiones entregadas en tiempo récord dentro de áreas protegidas y permisos irregulares que han permitido a Australis no perder concesiones sobre decenas de hectáreas de mar en la Patagonia chilena, pero no con fines productivos, sino para hipotecar al Bank of China a cambio de millonarios préstamos. De las 96 concesiones de Australis, 30 nunca han producido salmones ni empleos, y siguen vigentes pese a que debieron ser caducadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Fuente: Ciper, 8 de agosto de 2025.

Desde inicios de 2023 el grupo chino Joyvio mantiene un conflicto judicial con el empresario chileno Isidoro Quiroga, a quien acusan de haberles estafado en la venta de la salmonera Australis Seafood en 2019, inflando su valor en base a niveles productivos que superaban el límite autorizado en sus permisos ambientales en varios miles de toneladas. Mientras la arista penal sigue abierta, recientemente se conoció el fallo arbitral que, si bien descartó la estafa por los USD $921 millones transados y que Joyvio pidió restituir, sentenció a Quiroga a devolver cerca de USD $300 millones por sobreprecio, cifra cercana a la indemnización por perjuicios que también reclamaron los compradores.

Anteriormente, el 30 de abril del presente año, Quiroga contraatacó con una querella por obstrucción a la investigación, acusando a los ejecutivos de Joyvio de entregar información falsa, amenazas y de ofrecer pagos a potenciales testigos.

En el marco de esta causa se acompañaron una serie de antecedentes, como correos internos de la empresa, algunos de ellos publicados recientemente por The Clinic, los cuales apuntan a la intervención realizada por el segundo Gobierno de Sebastián Piñera en favor de Australis, previo a que estallaran las decenas de casos de sobreproducción de salmones, otorgando nuevas concesiones en la región de Magallanes, siendo proactivos en los trámites para obtener aumentos de producción y reteniendo los cargos por sobreproducción. Esto último, permitió a Australis librarse de millonarias multas y de la clausura de sus centros de cultivo.

Para identificar los alcances concretos de esa intervención, en la presente investigación se revisó el historial de tramitación de las concesiones salmoneras, tanto para acceder a estas como para evitar perderlas cuando incumplieron la ley, además de los expedientes de evaluación ambiental en los que se solicitaron aumentos de producción pese a incumplir sus permisos ambientales y también los casos de sobreproducción de salmones que no fueron sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pese a tener denuncias del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Esta última arista, previamente investigada por Fundación Terram, donde se constató que los cargos retenidos por la SMA desde el año 2013, ya sea por acuerdo político u omisión, se extendieron a toda la industria salmonera, con 95 casos sin sanción (leer columna de CIPER) solo al interior de áreas protegidas, de los cuales 78 se encuentran prescritos.

Los hallazgos de esta investigación -distribuidos en dos capítulos- dan cuenta de distintos tipos de irregularidades que favorecieron a la empresa, tanto antes como después de la compra de Joyvio en 2019, e involucra a distintas reparticiones del Estado.

NUEVAS CONCESIONES OTORGADAS POR LA SSFFAA

Según el Registro Nacional de Acuicultura (RNA) de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, a la empresa Australis Seafood se le otorgaron cinco concesiones salmoneras por una superficie total de 66 hectáreas de mar en la región de Magallanes, de un total de 13 entregadas en ese periodo.

En promedio, entre la aprobación de los proyectos técnicos por parte de la Subpesca y el otorgamiento de las concesiones por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) pasaron 52 días para el caso de Australis y 1.384 días en el caso de las demás empresas titulares de las concesiones otorgadas en ese periodo, brecha en los plazos que podría dar cuenta del trato preferencial que habría recibido la empresa, según develaron sus correos internos.

Las cinco concesiones otorgadas a Australis en este periodo se ubican dentro de la porción marina de la Reserva Nacional Kawésqar y fueron aprobadas entre marzo y diciembre de 2019, después de la creación de esta área protegida, declarada como tal por su importancia natural y cultural, pero que, a pesar de ello, actualmente es objeto de un proceso de expansión de la industria salmonera en Chile, luego de copar la zona costera de gran parte de las regiones de Los Lagos y Aysén durante los años 90s y 2000s.

Para poder operar, las concesiones salmoneras requieren también contar con una evaluación ambiental favorable. Según la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando estas se ubican dentro de áreas protegidas, como es la Reserva Nacional Kawésqar, esto debe hacerse a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A pesar de eso, las concesiones se entregaron a través de Declaraciones de Impacto Ambiental, instrumento mucho más básico que un estudio para identificar los efectos que el cultivo industrial de salmones podría generar en esta zona y que además no cuenta con un proceso de participación ciudadana obligatorio.

Tres de estas cinco concesiones (códigos 120221, 120222 y 120223) fueron otorgadas luego de un acuerdo firmado con la comunidad kawésqar Aswal Lajep, que desde 2017 mantenía una solicitud de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) en ese sector, según consigna un correo interno de Santiago Garretón a los gerentes de Joyvio en septiembre de 2021, expuesto en los antecedentes de la causa judicial: «En 2019, firmamos un acuerdo con la gente de kawésqar para obtener 5 nuevos sitios. De ellos, hemos obtenido 3 y aún estamos pendientes de obtener 2. Estamos trabajando y negociando con ellos para firmar un nuevo acuerdo y obtener otros 5 nuevos sitios adicionales entre 2022 y 2023».

La importancia del acuerdo para Australis radicaba en que, si la comunidad no cedía dichos polígonos, la empresa no podría recibir esas concesiones hasta que se resolviera la solicitud del ECMPO Península Muñoz Gamero -instrumento que busca resguardar el uso consuetudinario de los pueblos originarios sobre la zona costera-. Pero al parecer el acuerdo de la comunidad con Australis, mediado por la propia Subpesca según consta en reuniones por ley de lobby de julio y agosto de 2019, no fue suficiente para contener la ofensiva política-comunicacional impulsada por el gremio salmonero en contra de los ECMPO, porque el 1 de agosto de 2024 dicha solicitud fue rechazada por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Magallanes.

De esta forma, tras el rechazo del ECMPO, Australis dejó de necesitar la aprobación de la comunidad para acceder a estas concesiones. Pero lo que sigue necesitando para acceder a ellas, es que el plan de manejo para la reserva diga explícitamente que el cultivo industrial de salmones no representa una amenaza para los objetivos de conservación del área protegida. Si bien este plan no ha sido aprobado, su borrador establece que esta actividad sí representa una amenaza, por lo cual ha comenzado a ser objeto de una nueva ofensiva política y comunicacional de parte de la industria, llegando incluso a ser judicializado.

SOBREPRODUCCIÓN EN LAS NUEVAS CONCESIONES

Al revisar el historial productivo de estas cinco nuevas concesiones, fue posible constatar que dos de ellas rápidamente se estrenaron con ilegalidades al haber incurrido en sobreproducción de salmones (120217 y 120223), consistente en producir una cantidad superior a la autorizada en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto se traduce en una sobrecarga de nutrientes en la columna de agua y en el fondo marino por el mayor uso de químicos y antibióticos para tratar las enfermedades de los salmones, pero sobre todo por una mayor cantidad de fecas y alimento no ingerido por los peces.

El centro Córdova 5 (120217) produjo 2.138 toneladas por sobre lo autorizado en su RCA durante el ciclo desarrollado entre diciembre de 2019 y julio de 2021, equivalente a un 40% de exceso. En base a una metodología establecida por la SMA para determinar el beneficio económico, Fundación Terram estimó que solo por esta infracción Australis habría obtenido entre USD $3,9 y USD $5,9 millones en ganancias, en base a un escenario de costos operacionales del 80% y 70%, del total de ingresos generados, respectivamente, estimado en base al precio promedio de venta del salmón el año de las cosechas.

Por este motivo, actualmente mantiene un procedimiento sancionatorio en la SMA, que rechazó el Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por Australis por proponer compensar su exceso en otro centro de cultivo. De esta forma, según la Ley Orgánica de la SMA, la empresa arriesga una multa de hasta 5.000 UTA (USD $4,4 millones), la clausura del centro o la revocación del permiso ambiental. En otras palabras, de no existir una clausura o revocación del permiso ambiental, es muy probable que el beneficio económico alcanzado por incumplir la ley sea mayor a la sanción recibida.

Por su parte, el centro Muñoz Gamero 3 (120223) produjo 303 toneladas por sobre lo autorizado en su RCA entre agosto de 2021 y enero de 2023, equivalente a un 7% de exceso. En este caso, la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) de la empresa, cuya principal medida consiste en reducir la producción en un ciclo futuro por el equivalente a lo sobreproducido. De cumplir con el PdC la empresa podrá quedar libre de sanción, a pesar de haber obtenido ganancias estimadas por entre USD $480 mil y USD $750 mil a través de esta infracción.

SOBREPRODUCCIONES ARCHIVADAS EN LA SMA

En otro de los correos internos de Australis de enero de 2022, publicado en el medio Interferencia, el ex gerente Garretón afirma a sus superiores de Joyvio que la SMA, en ese entonces dirigida por Cristóbal de la Maza, había llegado a “la decisión política de mantener frenado” los casos de sobreproducción denunciados por Sernapesca.

Al revisar el historial productivo de los centros de cultivo de Australis y compararlos con los expedientes de sanción iniciados en la SMA, fue posible constatar que, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, 21 casos de sobreproducción prescribieron luego de no ser sancionados por la SMA antes de que transcurrieran tres años desde cometida la infracción, de acuerdo a lo establecido en su ley orgánica. De ellos, solo tres casos habían sido previamente denunciados por el Sernapesca, responsable de fiscalizar (ver Tabla N°1).

Pero Australis también gozó de impunidad antes, ya que siete casos de sobreproducción habían prescrito entre 2016 y 2018, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando el superintendente era Cristian Franz. A ellos se suman otros dos casos prescritos en abril y julio de 2022, bajo el Gobierno de Gabriel Boric. En total, 30 casos de sobreproducción prescritos que, en conjunto, equivalen a ganancias estimadas entre USD $59 millones y USD $89 millones (ver Tabla N°1).

BENEFICIOS DE LA AUTODENUNCIA: ¿ATENUANTE O PERDONAZO?

A los 30 casos prescritos se suman otros 48 casos de sobreproducción por los que Australis se autodenunció en octubre de 2022. De ellos, 26 casos ya habían sido denunciados previamente por el Sernapesca. En algunos, incluso en dos ocasiones(ver Tabla N°2).

El artículo 13 del Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncias y Programas de Reparación establece que la SMA deberá eximir de multa a quien se autodenuncie por una primera infracción, y rebajar en un 75% y 50% la multa si el titular se autodenuncia por una segunda y tercera infracción, respectivamente. En el caso de Australis, se trata de una sola autodenuncia por 48 infracciones y por las que reclama el beneficio de forma global, por lo que, si la SMA acoge la solicitud de Australis, el resultado sería un gran perdonazo donde la empresa podría quedar libre de cualquier multa pese a planificar una política sistemática de ilegalidades.

Cabe recordar que de los 39 centros que se encuentran en proceso de sanción, al menos 22 de ellos no tendrán ninguna sanción si cumplen con sus programas de cumplimiento, consistente en compensar sus excesos en futuros ciclos productivos, arriesgando un castigo solo en 12 centros hasta ahora, cuyos programas de cumplimiento fueron rechazados por la SMA, mientras otros cinco tienen sus PDC pendientes de ser resueltos.

La pregunta que surge es si corresponde que la empresa se beneficie de atenuantes en las posibles sanciones que existan por el solo hecho de autodenunciarse, aun cuando ahora se sabe que muchos de los cargos no se habrían formulado oportunamente por una intervención política de la SMA, de acuerdo a lo expuesto en los propios correos de la empresa, lo cual es relevante si se tiene a la vista el artículo 14 del Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncias y Programas de Reparación, el cual dice que “la autodenuncia no producirá ningún efecto respecto del infractor en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos”, como debió ocurrir al menos en los 26 casos donde la SMA ya había recibido una denuncia del Sernapesca.

Otra pregunta de interés público es si la ausencia de formulaciones de cargos en la SMA, fruto de acuerdos políticos entre la autoridad y la empresa, solo beneficiaron a Australis o se extendieron al resto de la industria salmonera, sobre todo cuando investigaciones publicadas desde Fundación Terram han develado decenas de casos de sobreproducción sin sanciones, en su gran mayoría prescritos (ver notas en CIPER  y en Terram).

Estas decenas de infracciones sin sanción pudieron ser un incentivo a seguir sobreproduciendo, ya que el beneficio económico alcanzado por los 92 casos de sobreproducción que en total registra Australis entre 2013 y 2023 por 136 mil toneladas de salmones producidas ilegalmente, equivalen a ganancias estimadas entre los USD $230 millones y USD $345 millones (ver artículo en CIPER).

COMPENSACIONES FICTICIAS EN LA SMA

En la misma presentación que Santiago Garretón adjuntó a los ejecutivos de Joyvio en el correo enviado el 1 de septiembre de 2021, se planteó otra arista que hasta hoy no ha salido a la luz pública, como es el plan de Australis para compensar los excesos de producción en sitios (concesiones) que por distintas variables no son aptos para producir. Esto, en caso de que la SMA notificara nuevos casos de sobreproducción.

Como parte de la estrategia para evitar sanciones y poder seguir produciendo el mismo volumen, el documento señala que “si se acusa a algún sitio nuevo de exceso de producción, podemos incluirlo en un programa de cumplimiento. Hasta ahora, lo hemos hecho en Costa y Córdova 3, prometiendo a la SMA no volver a exceder la producción y «compensando» el exceso de producción anterior al «no» abastecer otros sitios, como Patranca (XI) y Puerto Vega (XII). Esta estrategia solo funcionará a corto/mediano plazo, mientras tanto tenemos más sitios disponibles para ofrecer sin afectar el plan real de abastecimiento y cosecha (…) Además, podemos mantener Pulluche 3 como un sitio de respaldo en caso de una mala situación de INFA o usarlo como parte de un acuerdo de “compensación” con la SMA si debemos realizar otro programa de cumplimiento el próximo año”.

Los expedientes de sanción de los centros Costa y Córdova 3 corroboran lo anunciado en la presentación interna de Australis sobre compensar excesos en centros que, si bien tienen permisos para poder producir en ellos, nunca han sido usados efectivamente, porque no resulta eficiente económicamente para la empresa producir en ellos, lo cual daría cuenta de que las sobreproducciones se compensan de manera ficticia. Un negocio redondo.

En enero de 2021 la SMA inició un procedimiento sancionatorio contra el centro Costa (110857) por producir 1.648 toneladas de exceso en el ciclo 2016-2018. El procedimiento demoró tanto que Australis volvió a sobreproducir 1.912 toneladas en el ciclo 2019-2020, generando condiciones anaeróbicas en la columna de agua, motivo por el cual el centro tenía impedido retomar operaciones hasta que se restablecieran los niveles de oxígeno disponible.

Para evitar una multa millonaria o perder el permiso ambiental del centro, Australis informó la segunda infracción y propuso compensar los excesos de ambos ciclos productivos en otro centro (Patranca), lo cual fue aprobado por la SMA en julio de 2021, cuando el superintendente era Cristóbal De La Maza.

El criterio de la SMA favoreció por dos vías a Australis. Por un lado, no sancionó las infracciones por separado pese a la distancia de años en que terminó cada ciclo (2018 y 2020). De haber sido así, como la Ley Orgánica de la SMA impide que se apruebe un segundo Programa de Cumplimiento en un mismo centro, la empresa no hubiera podido eludir la sanción. Por otro lado, al no tener el centro condiciones ambientales para operar al momento en que ofrecía compensar sus excesos en otro centro, la SMA pudo haber rechazado el programa de cumplimiento, volviéndose inevitable la sanción, ya sea una multa, la clausura del centro o la revocación del permiso ambiental. Pero nada de eso ocurrió.

De esta forma, mientras compensaba ficticiamente sus excesos en otro centro en el que nunca pretendió cultivar peces, Australis aprovechó de seguir produciendo en el centro Costa mientras se desarrollaba el proceso sancionatorio sobre el mismo, cosechando 2.960 toneladas de salmones en julio de 2022, resguardando la salud del plan de negocios de la salmonera, pero no la del ecosistema.

Algo similar ocurrió con el proceso sancionatorio del centro Córdova 3 (120152), donde la producción de 3.661 toneladas por sobre lo autorizado en la RCA en 2018 generó condiciones de falta de oxígeno en el fondo marino. Lo insólito es que hasta cuatro años después, en octubre de 2022, esas malas condiciones ambientales se mantenían, por lo que la empresa no podía compensar su infracción en el mismo centro de cultivo, al no encontrarse en condiciones ambientales para operar. Así fue como Australis volvió a ofrecer a la SMA compensar su infracción en un centro distinto (Córdova 6), lo cual fue nuevamente aceptado por el organismo cuando el superintendente era Emanuel Ibarra, a pesar de ser una concesión que nunca había operado, por lo cual no había forma de acreditar que sería una medida eficaz para compensar la infracción, ya que muchas concesiones no reúnen condiciones para tener un buen rendimiento productivo.

Todo esto se comprueba con un Excel interno de la empresa, también presente en los correos expuestos en la causa judicial a los que se accedió en el marco de esta investigación, el cual diferencia los centros que son productivos y los que no. En este último grupo se encuentran los centros Patranca y Córdova 6. En este último caso, el hecho de no haber producido nunca desde que fue otorgada la concesión en octubre de 2019 la lleva a encontrarse actualmente en causal de caducidad, arista que se desarrollará en la segunda parte de esta investigación.

Este criterio de permitir compensar excesos en un sitio distinto fue revertido por la gestión de Marie Claude Plumer, actual superintendenta del Medio Ambiente, lo que ha motivado el rechazo de 12 programas de cumplimiento de Australis hasta la fecha, por un total de 29 casos de sobreproducción. Esta decisión gatilló la molestia de la empresa, que ha comenzado a pedir la prescripción de aquellos casos que no fueron sancionados a tiempo por la SMA, incumpliendo su compromiso establecido en su autodenuncia donde renunció a alegar dichas prescripciones.

A la luz de estos antecedentes, para esta investigación se preguntó a la SMA si acaso correspondería que se invaliden los PDC donde la empresa compensa sus excesos reduciendo la producción en sitios distintos de donde se cometió la infracción, y en los que sabía que nunca produciría salmones, como ocurre con Costa y Córdova 3.

En su respuesta, el organismo dijo que “en cuanto a los casos consultados, aprobados entre el año 2021 y 2022 bajo la administración de otras autoridades, la SMA no puede adelantar juicios que comprometan su actuar a futuro, en tanto dichos procedimientos se encuentran suspendidos, hasta la determinación de la ejecución del Programa de Cumplimiento”.

AUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN EL SEIA

Otro de los aspectos en los que el Gobierno de Piñera habría ayudado a Australis, según lo que señalan los correos internos de la empresa, sería siendo “proactivos” en la tramitación de aumentos de producción de centros de cultivo que ya estaban en operación, con el fin de sostener a largo plazo los niveles de producción alcanzados ilegalmente.

Según la plataforma del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), desde el año 2018 Australis registra once proyectos tramitados: ocho para aumentar la producción de centros de cultivo y tres para instalar nuevos centros. De ellos, cinco fueron resueltos durante la segunda administración de Piñera, todos con resultado favorable para la empresa, dos aumentos de producción y tres nuevos centros.

Entre los proyectos aprobados se encuentran dos aumentos de producción de 2.100 a 5.200 toneladas en el centro Isla Canalad (110907) y de 5.140 a 7.500 toneladas en el centro Obstrucción (120147), en junio y octubre de 2021, respectivamente.

Estas aprobaciones de los permisos ambientales se dieron aun cuando ambos centros registraban sobreproducciones, o sea, infringían el mismo permiso ambiental que buscaban aumentar: 266 toneladas de exceso en el centro Isla Canalad (110907) entre 2014 y 2015, ya prescrita; y 1.998 toneladas de exceso en el centro Obstrucción (120147) entre marzo de 2019 y enero de 2021, según datos del Sernapesca obtenidos por Ley de Transparencia.

En el caso del centro Obstrucción, según consta en sus datos productivos informados en el marco de un posterior procedimiento de sanción, en marzo de 2020, cuando recién comenzaba el proceso de evaluación ambiental, el centro ya había superado su límite autorizado de 5.140 toneladas, alcanzando 1.998 toneladas de exceso al término de la cosecha en enero 2021. Todo esto no fue informado por la empresa en ninguna de sus dos adendas, ni tampoco detectado por las autoridades, a pesar de que el Sernapesca mantiene esta información en línea. De esta forma, se aprobó el permiso ambiental en octubre de 2021.

El 10 de junio del presente año, el Tribunal Ambiental acogió una reclamación interpuesta en contra de la RCA que autorizó aumentar de 5.140 a 7.500 las toneladas a producir en el centro Obstrucción, argumentando que la evaluación ambiental presentada por la empresa tuvo una “deficiente justificación y determinación del área de influencia respecto de los componentes Fauna, Medio Humano, y Paisaje y Turismo. Lo anterior, constituye un vicio esencial en la evaluación ambiental del proyecto”.

En el caso del centro Isla Canalad, la Subpesca en sus observaciones alertó que el centro registró condiciones de bajos niveles de oxígeno cuando mantenía una biomasa de solo 1.014 toneladas, menor a las 2.100 autorizadas en su RCA original, señalando que “no se presentan antecedentes suficientes que garanticen que el aumento de la producción solicitada no generará efectos ambientales y ecológicos significativos sobre los recursos naturales presentes en el sector concesionado”. Esto último es relevante, pues quiere decir que, para este organismo, el proyecto debió ingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental. Sumado a ello, señaló que el centro de cultivo no presentaba un Informe Ambiental (INFA) vigente, como lo exige la ley para aumentar su biomasa, pero nada de esto importó, ya que de todas formas se aprobó un aumento de producción de 2.100 a 5.200 toneladas autorizadas (+148%), pasando por alto también el caso de sobreproducción.

Contrariamente a los argumentos técnicos señalados por la Subpesca, el entonces SEREMI de Economía de Aysén, Carlos Pacheco Toledo, votó favorablemente el proyecto argumentando “la inexistencia de los efectos, características o circunstancias señalados en los literales del artículo 11 de la Ley 19.300”, tal como consta en el  acta de dicha sesión donde Australis obtuvo una aprobación unánime, y sin considerar los argumentos de la Subpesca, dependiendo del Ministerio de Economía, que planteaban justamente lo contrario.

Sobre la posible planificación ilegal de estos aumentos de producción, en la querella criminal se cita parte de la declaración de una testigo de iniciales C.C.K., quien señaló que “esta idea nació antes de la compra, cuando era incipiente la compra aún, y justamente por temas de sobreproducción la idea de los PT -proyectos técnicos- era que estos estuvieran en trámite para cuando llegaran las formulaciones de cargo por sobreproducción, como forma de señalarle a la autoridad que estábamos en conocimiento y estábamos haciendo las gestiones para dar cumplimiento a la norma”.

Al respecto, resulta clarificador un correo interno de mayo del 2018, en el cual el entonces gerente general, Santiago Garretón, dice “estábamos hablando también que aprovechemos de analizar cómo aumentar en los córdovas, idealmente arreglarlos antes de que venga la SMA y nos sancione por sobreproducción”.

Otro de los correos internos de Australis, de enero de 2019, detalla que la planificación de aumentos de biomasa en el SEIA inicialmente se extendía a 25 centros de cultivo -la mayoría con casos de sobreproducción-, lo cual fue luego desistido por la compañía al momento de estallar las notificaciones de la SMA. No obstante, Canalad y Obstrucción fueron los únicos que alcanzaron a aprobar sus aumentos de producción.

PERMISOS AMBIENTALES PARA NUEVOS CENTROS

Los otros tres proyectos aprobados en el SEIA durante la segunda administración de Piñera corresponden a nuevos centros de cultivo que Australis buscaba instalar dentro de la Reserva Nacional Kawésqar.

Por un lado, los centros Estero Pérez de Arce y Ensenada Colo Colo, cuyos permisos ambientales fueron aprobados el 11 de noviembre de 2020, y posteriormente anulados por el Tribunal Ambiental en abril de 2023, quien dio a la razón a las comunidades kawésqar y organizaciones ambientales reclamantes respecto de que el SEA no evaluó debidamente los impactos sinérgicos sobre el medio ambiente de estos dos centros de cultivo con otro de la empresa Blumar, que se tramitó en forma paralela, lo cual “impide verificar la compatibilidad del proyecto con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar”. Esto, teniendo a la vista que entre los tres centros pretenden producir hasta 18.535 toneladas de salmones por cada ciclo productivo a una distancia de solo 4 kilómetros entre cada uno.

De esta forma, el proceso de evaluación ambiental de ambos centros se retrotrajo a su etapa inicial, comenzando la instancia de Participación Ciudadana el pasado 13 de mayo de 2025, pero sin exigir un nuevo ingreso a través de un Estudio de Impacto Ambiental, como lo establece la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando un proyecto pretende instalarse al interior o aledaño a un área protegida, como ocurre en este caso.

El otro proyecto aprobado durante el Gobierno de Piñera, correspondiente al centro Seno Galvarino, vivió un proceso inverso a los dos anteriores, y es que luego de ser rechazado por el SEA el 12 de julio de 2021, fue reclamado por Australis en el mismo SEA, dirigido en ese entonces por Hernán Brücher, quien acogió el reclamo para luego aprobar el permiso ambiental el 25 de febrero de 2022, solo dos semanas antes del cambio de gobierno y sin la necesidad de llevar el caso al Tribunal Ambiental.