En la primera parte de esta investigación se publicaron los antecedentes que demuestran cómo operó el segundo gobierno de Sebastián Piñera en favor de Australis Seafood, tal como lo señalan correos internos de la empresa dados a conocer en el marco de la causa judicial que enfrenta a antiguos y nuevos dueños, facilitando la entrega de cinco nuevas concesiones para producir salmones, agilizando el trámite de permisos ambientales para aumentar la producción de sus centros de cultivo en operación mientras, por otro lado, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no sancionó decenas de casos de sobreproducción, pese a contar con denuncias previas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

En esta segunda parte se desarrolla el actuar de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) en favor de la salmonera, durante el segundo Gobierno de Piñera y también de la actual administración de Gabriel Boric, para evitar que la empresa pierda las concesiones de mar que de forma paralela entregaba en garantía al Bank of China Macau Branch para respaldar un préstamo de USD $450 millones al que había accedido en junio de 2019, tras la compra realizada por el grupo Joyvio -capitales chinos-.

En algunos casos, la entrega en garantía de estas concesiones de bienes nacionales de uso público, como es el mar, se hizo sin siquiera haberlas usado para producir un solo salmón ni dar un solo puesto de trabajo desde que fueron otorgadas, según consta en los datos que maneja el propio Sernapesca y a los que en esta investigación se accedió por Ley de Transparencia.

Este uso especulativo de las concesiones salmoneras tiene su origen en la modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura realizada tras la crisis del virus ISA (2007-2010), durante el primer gobierno de Michelle Bachellet, cuyos cambios al modelo productivo buscaron entregar mayores garantías a los bancos luego de la crisis sanitaria que derivó en crisis financiera.

Pero, ¿son las concesiones salmoneras realmente una garantía para los bancos?, ¿qué pasa cuando un sitio no es productivo o se deteriora ambientalmente por el propio cultivo de salmones? Y, por otro lado, ¿qué implicancias de soberanía tiene para el país el hecho de que gran parte de las más de 1.300 concesiones de bienes nacionales de uso público otorgadas para el cultivo de salmones, equivalentes a más de 15.000 hectáreas de mar en la Patagonia, terminen hipotecadas en manos de bancos internacionales?

CONCESIONES EN CAUSAL DE CADUCIDAD

El artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) establece como requisito que las concesiones deben ocuparse productivamente en un plazo de 12 meses desde que se realizó la entrega material de la misma, y que no deben dejar de operar por más de 24 meses consecutivos, salvo que cuenten con una autorización de la SSFFAA para extender ese plazo.

Esta exigencia de la ley buscaba que las concesiones tuvieran usos productivos y no meramente especulativos, ya que cualquier persona natural o jurídica podía solicitar una superficie de mar para estos fines de forma indefinida, salvo aquellas entregadas después de abril de 2010, que tienen una vigencia de 25 años renovables, dependiendo de su historial ambiental.

Al revisar el historial productivo de las cinco concesiones otorgadas en 2019 a Australis Seafood con la intervención favorable del Gobierno de Piñera -según consta en antecedentes expuestos en la primera parte de esta investigación, fue posible identificar que dos de ellas se encuentran en causal de caducidad, como son Córdova 6 (120220) y Puerto Vega (120221), por no haber operado, es decir, no haber cultivado ni un solo salmón luego de transcurrir más de cuatro años desde su entrega material y, en consecuencia, sin empleos asociados.

Según un documento interno de Australis presente en la carpeta judicial, tanto Córdova 6 como Puerto Vega son concesiones que, pese a tener autorizada una producción máxima de 4.320 toneladas cada una, no serían productivas. Según una fuente vinculada a la industria, esto ocurre con muchas concesiones, y se debe a variables geográficas u oceanográficas, como pueden ser la profundidad o las corrientes de un determinado sector que dificultarían el cultivo industrial de salmones.

En el caso de Córdova 6, fue usada incluso para compensar ficticiamente excesos de producción ocurridos en otro centro de cultivo, incluyéndola en un programa de cumplimiento donde se prometió a la SMA que el recinto no operaría, aun cuando la empresa sabía que no sería eficiente producir en ese centro. Así fue como Australis evitó sanciones tales como una multa por hasta 5.000 UTA (casi $4.000 millones), la clausura del centro o revocación del permiso ambiental, arista desarrollada en la primera parte de esta investigación.

AUTORIZACIONES A LA MEDIDA DE AUSTRALIS

El mismo centro Córdova 6 permite graficar los mecanismos que utiliza Australis, pero también otras empresas, para no perder las concesiones de mar a pesar de no cumplir con los plazos de producción que exige la ley, como son la justificación de no operar bajo la causa de fuerza mayor, cuando no necesariamente se dan esas condiciones, o incluir el cultivo de algas en el proyecto técnico para validar operaciones con una especie distinta de la que se entregó originalmente la concesión.

El 21 de octubre de 2021, solo nueve días antes de que la concesión incurriera en causal de caducidad por transcurrir un año sin que operara desde su entrega material, la Subpesca aprobó modificar el proyecto técnico del centro Córdova 6 (120220) para incorporar el cultivo de algas, específicamente huiro y pelillo.

Paralelamente, Australis había solicitado a la SSFFAA que se le ampliara el plazo para iniciar operaciones de cultivo, que vencía el 30 de octubre de 2021, bajo la justificación de no poder hacerlo por causa de fuerza mayor producto de la pandemia del covid-19. Esta solicitud fue aprobada recién en noviembre de 2024, durante la administración de Gabriel Boric, de manera retroactiva y solo por el mes que faltaba cubrir para salvar la concesión (periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2021). A este respiro se sumó el periodo del descanso sanitario decretado por la autoridad, que se extendió entre el 01 de diciembre de 2021 al 31 febrero de 2022, cuando legalmente se suspende el conteo de meses para determinar si hay causal de caducidad.

Con esta seguidilla de trámites, la empresa asumió que la concesión de Córdova 6 lograba eludir su causal de caducidad. Pero al revisar en detalle estos procedimientos, algunas piezas parecen no ajustarse a lo que establece la ley, además de no ser Córdova 6 un caso aislado, sino más bien la punta de un iceberg que sigue pasando desapercibido mientras los medios solo se enfocan en el conflicto judicial entre Joyvio e Isidoro Quiroga.

AMPLIACIÓN IRREGULAR DE PLAZO

Es importante considerar que en la ley y reglamentos generales no existe la posibilidad de ampliar el plazo para iniciar operaciones después de un año de recibida la concesión. Esa puerta se abrió solo por el contexto de pandemia, pero de forma acotada a un listado de 28 centros (Resolución 2497/2020 de la SSFFAA) y posteriormente ampliado a aquellas concesiones cuyo plazo para iniciar actividades terminaba entre el 18 de marzo de 2020 y el 18 de marzo de 2021 (Resolución 2789/2020 de la SSFFAA). Pero en ninguno de estos grupos estaba el centro Córdova 6, por lo cual la autorización de plazo que dio la SSFFAA para evitar la causal de caducidad sería ilegal.

Esta situación se replica en otras 24 concesiones de Australis que se encontrarían en causal de caducidad (22 en Aysén y dos en Magallanes), ya que nunca realizaron operaciones desde que fueron otorgadas (ver Tabla N°5), pero que igualmente se beneficiaron con una ampliación de plazo durante la pandemia por causa de fuerza mayor, transcurriendo más de diez años desde su otorgamiento en la mayoría de los casos. A pesar de esto, siguen vigentes y ninguna ha sido caducada por la SSFFAA.

LA CAUSA DE FUERZA MAYOR COMO EXCUSA

Otro elemento que llama la atención es que, luego de constatar que Córdova 6 operó en marzo de 2022 con cultivo de algas, la SSFFAA dijo que la causa de fuerza mayor no debía proceder, pero a pesar de eso aprobó la ampliación de plazo para iniciar operaciones, entregando un verdadero salvavidas a Australis.

La causa de fuerza mayor como justificación para ampliar el plazo de inicio de actividades en Córdova 6 se aprobó a pesar de que en la misma Agrupación de Concesiones de Salmones (ACS 52), durante ese mismo periodo, hubo dos centros de Australis que no tuvieron problemas para operar e incluso sobreproducir, como ocurrió con Córdova 4 (120191) y Córdova 5 (120217), algo en lo que tampoco reparó la SSFFAA a la hora de aprobar la ampliación de plazo.

A todo esto, se suma el hecho de que recién en noviembre de 2021 Australis ingresó antecedentes que acreditarían la fuerza mayor, siete meses después de realizar la solicitud de ampliación de plazo y cuando ya terminaba el periodo productivo que buscaba expiar.

Un aspecto relevante es que, durante el año 2020, el periodo más crítico de la pandemia del covid-19 y cuando se llegó a perder hasta más de un millón de empleos a nivel nacional según cifras del Ministerio de Hacienda, la industria salmonera en Chile alcanzó su peak histórico de cosechas, superando el millón de toneladas. En el caso de Australis, si bien el año 2021 disminuyó su producción en relación al 2020, registró cosechas por 78 mil toneladas, superior incluso a las registradas en varios años anteriores.

Sumado a la situación anómala en cuanto a niveles de producción alcanzados por la industria salmonera, abril de 2021 ya mostraba un escenario nacional de reactivación económica, luego de los retiros del 10% de los fondos de pensión que impulsaron el consumo y de una reactivación del empleo, alimentada por importantes incentivos estatales para las empresas, como fueron los subsidios contrata y regresa del SENCE.

Todos estos antecedentes dan cuenta de que las medidas extraordinarias de la SSFFAA durante el periodo de pandemia buscaron evitar que las empresas salmoneras perdieran sus concesiones no tanto por verse realmente impedidas de operar producto del covid-19, sino más bien porque muchos de sus sitios (concesiones) no cumplen con condiciones para producir, por lo que la causal de caducidad era inevitable. Concesiones de soberanía le llaman en la industria a estos sitios, que no tienen usos productivos, pero sí como activos financieros.

Pero una vez que pasara la pandemia y terminara el alcance de las medidas extraordinarias, ¿de qué manera las empresas zafarían de la caducidad de sus concesiones? La respuesta fue incluir el cultivo de algas en sus proyectos técnicos.

CULTIVAR ALGAS PARA NO PERDER LAS CONCESIONES

Incluir el cultivo de algas como pelillo y huiro es bien visto por las autoridades toda vez que estas especies producen oxígeno y absorben CO2, contribuyendo con muchos de los organismos que viven en los ambientes acuáticos al servir como zonas de refugio y hábitat para muchas especies.

Nuevamente, en el caso del centro Córdova 6, la aprobación de la Subpesca para incluir el cultivo de algas ocurrió el 21 de octubre de 2021, a solo nueve días de incurrir en causal de caducidad, aun cuando el centro no tenía posibilidades de iniciar un ciclo de cultivo de forma inmediata antes de incurrir en dicha ilegalidad. Tras ello, la SSFFAA validó la operación del cultivo de algas iniciada en marzo de 2022 y de manera retroactiva luego de tres años, en noviembre de 2024.

La pregunta que surge a partir de estos antecedentes es si acaso se puede validar la operación de una concesión entregada originalmente para producir salmones a través del cultivo de otro grupo de especie, como son las algas y en volúmenes mucho menores -60 toneladas de algas en reemplazo de 3.000 o hasta 5.000 toneladas de salmones, como ocurre en muchos casos de Australis-, ya que, desde una perspectiva productiva, resulta ineficiente para una empresa que acaba de ser transada en USD $921 millones, lo que redunda en una subutilización del bien nacional de uso público, el que además queda capturado para otros posibles usos.

Consultado por este tema, desde el Sernapesca, cuya directora nacional es María Soledad Tapia, aclararon que sí “es posible que una concesión pueda operar con el cultivo de solo una de las especies autorizadas (…) La normativa vigente permite a una concesión de acuicultura operar con cualquiera de las especies que tiene autorizadas” y el servicio “verifica que la concesión de acuicultura cumpla con su operación, con cualquiera de las especies que estén autorizadas”.

Tal vez eso explica que de forma sistemática Australis haya modificado los proyectos técnicos en gran parte de sus concesiones. Según el Registro de Concesiones de Acuicultura de la Subpesca, 62 de sus 96 concesiones incluyeron el cultivo de algas entre junio de 2019 y abril de 2025. De estos, 27 nunca han producido un solo salmón ni generado un solo empleo, según la información del Sernapesca obtenida por Ley de  Transparencia. Es decir, la Subpesca les autoriza el cambio de uso a una concesión que inicialmente había sido aprobada para salmones para que incluya algas, sin verificar si este centro efectivamente operó.

De esta forma, Australis acumula 30 concesiones en las que no ha producido salmón ni empleo, y que a pesar de los plazos que exige la ley para usarlas con fines productivos, mantiene vigentes a través de ampliaciones de plazo por fuerza mayor y/o de incluir recientemente el cultivo de algas. De esa forma, puede usarlas como activo financiero para acceder a créditos, aun cuando materialmente nunca han demostrado tener valor para producir salmones.

Luego de todos estos antecedentes puestos sobre la mesa la pregunta que surge es ¿para qué sirven realmente las concesiones salmoneras si no se usan para producir salmones?  Si una empresa debe pagar 20 UTM anuales por cada hectárea concesionada por concepto de patente, ¿cuál es realmente el negocio?

CONCESIONES HIPOTECADAS AL BANK OF CHINA

Para Australis resulta clave que sus concesiones de mar no sean caducadas porque, al igual que muchas otras salmoneras, las utiliza para entregar en garantía a los bancos con el fin de acceder a millonarios préstamos.

Así ocurrió con las 96 concesiones de la empresa entregadas en garantía al Bank of China Limited Macau Branch, según consigna la información disponible en el Registro de Concesiones de Acuicultura de la Subpesca, luego de que la salmonera accediera a un préstamo de USD $450 millones en junio de 2019, tras la compra realizada por Joyvio, según consta en los antecedentes de la causa judicial que mantienen los antiguos y nuevos dueños de la compañía.

En este listado de concesiones entregadas en garantía al Bank of China se incluyen 29 de las 30 concesiones de Australis que nunca han producido salmón ni generado un solo puesto de trabajo desde que fueron otorgadas, incluidas cuatro de las cinco concesiones otorgadas de forma exprés durante el segundo Gobierno de Piñera (ver primera parte de esta investigación), según la información disponible en la Subpesca. La única concesión que no aparece entregada en garantía es la del centro Yalac (110902).

A pesar de que muchas concesiones salmoneras no han cumplido los plazos legales para iniciar o retomar actividades productivas, el actuar de la SSFFAA, responsable de caducar las concesiones, ha mostrado serias falencias, tal como lo han develado investigaciones de Fundación Terram, las cuales fueron reafirmadas por la Contraloría General de la República en un Informe de auditoría de 2024, que detectó centenares de denuncias sin tramitar y decenas de procedimientos de caducidad que se extendieron durante largos años sin llegar a término, permitiendo que los centros de cultivo volvieran a operar, entre otras irregularidades que también incluyeron al Sernapesca, encargado de fiscalizar.

NUEVAS CONCESIONES EN TRÁMITE

Actualmente, Australis Seafood mantiene 26 nuevas concesiones salmoneras en trámite a través de sus distintas filiales, por un total de 181,49 hectáreas de mar, distribuidas en las regiones de Aysén (15 concesiones por 45,49 hectáreas) y Magallanes (11 concesiones por 136 hectáreas), según la información del visualizador de mapas de la Subpesca, con lo cual busca seguir aumentando su patrimonio sobre bienes nacionales de uso público, como es el mar.

En el caso de aquellas en trámite en la región de Magallanes, actual foco de la expansión salmonera, diez concesiones se ubican dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, mientras que, en el caso de Aysén, tres se emplazan dentro de la Reserva Nacional Las Guaitecas y otras tres en la porción marina del Parque Nacional Isla Magdalena. En el caso de estas últimas, deberán ser rechazadas, ya que si bien la Ley General de Pesca y Acuicultura siempre prohibió el cultivo industrial de salmones dentro de parques nacionales, los organismos públicos interpretaron esto de forma limitada solo a la porción terrestre de esas áreas protegidas, convenientemente para la industria, lo cual fue revertido recién en 2013 a través de un dictamen de la Contraloría General de la República.