Cuestionario presidencial Terram 2021: Áreas Protegidas y Salmonicultura
A solo cuatro días de las elecciones presidenciales del próximo domingo, desde Fundación Terram presentamos la segunda entrega de nuestro “Cuestionario presidencial 2021”. Después de contactar a las siete candidaturas a La Moneda para hacerles llegar nuestras preguntas, tan solo Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste decidieron responder. El cuestionario se refiere a cuatro temáticas de gran impacto en diversos territorios del país y que se tomarán la agenda medioambiental a partir del próximo gobierno 2022-2026, siendo hoy el turno de Áreas Protegidas y Salmonicultura como tema central de la discusión.
Cómo parte de nuestro “Cuestionario presidencial 2021”, los candidatos y la candidata nos entregaron su posición sobre diferentes temáticas que marcarán la discusión medioambiental los próximos cuatro años: minería y royalty; áreas protegidas y salmonicultura; modelo de producción agrícola y; por último, desaladoras y sus conflictos en zonas costeras.
Cada una de estas áreas serán tratadas diariamente hasta el viernes previo a las elecciones presidenciales, siendo está la segunda de cuatro publicaciones que buscan acercar con mayor profundidad las propuestas de los presidenciales para la ciudadanía.
Áreas protegidas y salmonicultura
A continuación se presentan las preguntas, y posteriores respuestas, hacia los candidatos y candidata presidencial para conocer el rol que jugará el Estado, en su eventual gobierno, en la conservación de la biodiversidad. Además de explicar los métodos de gestión y financiamiento de las áreas protegidas en Chile, y su postura respecto a excluir la salmonicultura de estas.
Cualquier omisión, falta de información o desviación al foco de la pregunta fue decisión propia del candidato o candidata. En la nota hemos compartido de forma íntegra las preguntas y respuestas de cada uno de los presidenciales.
¿Qué rol asigna usted al Estado en la conservación de la biodiversidad, y en particular, de dónde cree usted que debe provenir el financiamiento para la gestión y administración de las áreas protegidas?
Pese a que las áreas protegidas son consideradas como el principal mecanismo para la conservación de la biodiversidad, existen actualmente cientos de proyectos de cultivo de salmones en áreas protegidas, como es el caso de la Reserva Forestal Las Guaitecas o la Reserva Nacional Kawésqar. Considerando esto, ¿consideraría durante su gobierno excluir la salmonicultura de las áreas protegidas?
Yasna Provoste (Democracia Cristiana – Nuevo Pacto Social)
“Uno de los ejes sobre los cuales se funda nuestra propuesta ambiental es la biodiversidad. La protección, conservación, restauración y regeneración de la biodiversidad es un imperativo para disminuir la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas. Sin duda el Estado debe asumir un rol primordial en esta materia, por eso impulsaremos decididamente que se concrete la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), después de una larga tramitación de más de 10 años, para que nos permita contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad, a través de la administración de un régimen nacional de áreas protegidas, tanto a nivel marino como terrestre, tanto público como privado. Dotándolo del personal idóneo y los recursos financieros adecuados, así como los instrumentos económicos para cubrir las históricas brechas de financiamiento de las áreas protegidas del país y la protección de su patrimonio natural.
Avanzaremos en el ordenamiento territorial, definiendo áreas prioritarias para la conservación, agricultura y ganadería regenerativas, restauración ecológica y protección de cuencas, para concretar corredores biológicos en cooperación con privados y comunidades.
El actual proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad excluye las concesiones de este tipo de las áreas protegidas. Esta medida es una política pública que es de toda lógica: la explotación de recursos naturales, hasta ahora, no se ha hecho de forma que permita conciliar con la conservación de la biodiversidad. Como hemos dicho, esta ley lleva ya mucho tiempo esperando y nos comprometemos a darle el impulso necesario para contar con esta importante herramienta, dentro de los primeros cien días de mi gobierno, para así materializar un principio que nos parece básico, las actividades productivas deben desarrollarse garantizando la conservación y cuidado del medio ambiente”.
Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista)
“Le asignaré un rol clave al Estado en esta lucha contra la crisis climática, debe ser el principal agente de cuidado de lo público. De lo que es de todos. Por eso siento que es preocupante que seamos el top ten (diez) de los países que menos invierten en conservación, así como que año a año baje el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). No estamos pensando en serio la protección si el aporte estatal no es capaz de cubrir los sueldos de los funcionarios de SNASPE.
Sobre Guaitecas y la reserva de Kawesqar. Sí. Absolutamente. Sobran evidencias sobre el daño que se genera en el fondo marino y en otras especies. Hay que tomarnos en serio la crisis climática. Nuestra legislación debe ser más explícita de lo que es hoy la Ley de Pesca”.
Gabriel Boric (Convergencia social – Apruebo Dignidad)
“Los conflictos ecológicos a nivel mundial, agravados por la crisis climática, hoy más que nunca exigen de los Estados el deber de ser garantes y articuladores de las acciones de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, con especial atención en aquellos gravemente deteriorados, y cuyos efectos traspasan los límites administrativos nacionales e incluso las fronteras geopolíticas entre países. El esfuerzo debe ser global y local a la vez, porque las comunidades y territorios son parte fundamental y protagónica de este nuevo paradigma de Transición Ecológica Justa.
Nuestra visión es que el Estado y sus instituciones deben liderar la implementación de políticas públicas eficaces de conservación, manejo sustentable y restauración de las zonas rurales prioritarias, fomentando mejores condiciones para investigar y valorar los ecosistemas, generando conocimiento científico y protegiendo el conocimiento tradicional asociado al patrimonio genético, las prácticas tradicionales, que las especies y sus complejas interacciones, que van más allá de los límites de las áreas protegidas. Así cobra gran relevancia el Ordenamiento Territorial y la necesidad de dar más atribuciones a los Gobiernos Regionales y locales, pues la conservación de la biodiversidad va de la mano de la descentralización, por ejemplo, a través de iniciativas que pongan en el centro el desarrollo de las capacidades y competencias en las comunidades.
Esto se suma a la necesaria reforma a la institucionalidad ambiental que se debe robustecer, en particular del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y dotar de mayor autonomía la toma de decisiones sobre proyectos de inversión y la agenda de elaboración de normativa prescindiendo de la influencia de los intereses de corto plazo de los gobiernos de turno, anteponiendo siempre el interés común y así priorizar, con criterios de sostenibilidad, el manejo de cuencas, la escasez hídrica, los ecosistemas, los corredores biológicos y la belleza escénica, entre otros aspectos. No sólo se trata de gestionar las áreas protegidas para proteger especies emblemáticas, sino que la conservación del patrimonio –o riqueza genética– exige extender los criterios de conservación a territorios con paisajes heterogéneos, donde también se desarrollan actividades productivas diversas.
En cuanto a la modificación a la Ley de Bosques Nativos estará orientada a crear incentivos para la conservación, manejo y restauración de ecosistemas, bosques y formaciones xerofíticas en predios privados, priorizando las pequeñas propiedades y comunidades locales e indígenas. También consideramos positivo el fortalecimiento de los incentivos tributarios a través de la reforma a la Ley de donaciones, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional y ad portas de ser aprobado. Por último, revisaremos la regulación y fiscalización estricta del sistema de concesiones existentes en las áreas protegidas, destinando la mayor parte de estos recursos a la gestión y resguardo ambiental de las actividades de uso público, como turismo de naturaleza”.
