Desaladoras en Chile: Fundación Terram presenta documento que alerta sobre impactos ambientales y vacíos normativos
El informe sistematiza antecedentes históricos, técnicos, ambientales y legales sobre las plantas desalinizadoras en el país, ante una posible expansión acelerada de estos proyectos en respuesta a la crisis hídrica. Fuente: Radio Ayni, 21 de agosto de 2025.
En un escenario marcado por más de 15 años de sequía y una creciente presión sobre los recursos hídricos a raíz del cambio climático, Fundación Terram publicó el documento “Herramientas para el debate sobre desalinización: potenciales impactos y escenario en Chile”, una investigación técnica y divulgativa que busca aportar al debate público ante el aumento sostenido de proyectos de desalinización a lo largo del territorio nacional.
El informe, elaborado por la bióloga marina Elizabeth Soto Muñoz y el geógrafo Pablo Madrid Arancibia, expone antecedentes históricos y tecnológicos de la desalinización, sus impactos ambientales y el marco normativo que hoy regula —de forma dispersa y parcial— este tipo de proyectos.
“Es fundamental comprender que, si bien la desalinización puede ser parte de la solución ante la escasez hídrica, no está exenta de impactos. Y lo más preocupante es que en Chile aún no existe una ley específica que regule su operación, ubicación, ni sus emisiones al medio marino”, señala Elizabeth Soto, autora del documento.
La publicación surge en un momento clave: solo entre 2021 y 2024 el número de plantas desalinizadoras ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha aumentado de forma sostenida, especialmente en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La mayoría de estas iniciativas están destinadas a abastecer actividades industriales como la gran minería del cobre o la producción energética, aunque en los últimos años también se han incorporado proyectos para consumo humano.
Falta de regulación específica, preocupaciones territoriales y ambientales
Uno de los principales hallazgos del documento es la ausencia de una normativa específica que regule de manera integral la instalación, operación y monitoreo de estas plantas. Hoy, los proyectos de desalinización se evalúan a través de marcos generales como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Ley sobre Concesiones Marítimas o la Ley de Medio Ambiente, pero no existe una ley o reglamento técnico que establezca criterios sobre ubicación, límites de descarga o eficiencia energética.
El informe también destaca que las plantas existentes o en evaluación se emplazan en zonas costeras que pueden ser ambientalmente sensibles, y que son hábitat de especies como diatomeas bentónicas, poliquetos, nematodos, pastos marinos y comunidades planctónicas que cumplen funciones ecosistémicas clave y que son importantes para la pesca.
Entre los principales riesgos ambientales identificados por el documento están el arrastre, daño y captura de organismos marinos por los sistemas de captación; la descarga de salmuera con alta concentración de sal, metales y productos químicos, que puede afectar a ecosistemas sensibles; el alto consumo energético de estas plantas y su consecuente huella de carbono en un contexto de crisis climática, y la acumulación de impactos por concentración de proyectos en zonas costeras con alta biodiversidad.
Asimismo, el informe hace una revisión histórica de la desalinización en Chile, remontándose al siglo XIX, cuando se usaron máquinas destiladoras para abastecer a la industria salitrera y a poblados del norte. También explica las tecnologías actuales (como la ósmosis inversa), el estado del marco legal chileno —basado en normativas genéricas como la Ley de Concesiones Marítimas y el SEIA— y entrega recomendaciones para fortalecer la regulación ambiental del sector.
“Creemos que es urgente contar con una legislación ambiental específica que defina estándares técnicos y zonas aptas para estas instalaciones, además de mecanismos de monitoreo y participación ciudadana efectivos”, “Es fundamental promover una mirada crítica e informada sobre la desalinización, que ponga en el centro la sustentabilidad y la justicia ambiental” explica Soto.
Desde Fundación Terram advierten que la desalinización se ha convertido en una solución atractiva, pero que no puede implementarse a cualquier costo. El documento busca aportar al debate público y al diseño de políticas basadas en evidencia científica y principios de justicia ambiental, para evitar que la solución a un problema genere nuevas fuentes de daño ambiental y conflictos territoriales. El documento está disponible para libre descarga en el sitio web de Fundación Terram: www.terram.cl/documentos/