Desalinización para la industria minera: ¿una alternativa real a la actual crisis hídrica y climática?

Columna de Telye Yurisch, economista de Fundación Terram, sobre la proliferación de plantas desaladoras que se han ido emplazando en el borde costero del país y que han sido presentadas como la principal solución a la estrechez hídrica del sector minero en las regiones del norte y centro del país. Fuente: Revista Nueva Minería y Energía, 8 de abril de 2022.

Sin lugar a dudas, el actual escenario nacional de crisis hídrica representa uno de los principales desafíos operacionales para el sector minero. En este sentido, es importante tener presente que gran parte de la minería nacional se localiza en las regiones del norte y centro del país, macrozona que presenta una escasa disponibilidad de agua y una alta conflictividad socioambiental por su acceso y utilización. Ante dicha situación, y para asegurar su continuidad operacional, la industria minera ha ido adoptando una estrategia de suministro centrada en la implementación de plantas desalinizadoras.

Según la información entregada por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y levantada por Fundación Terram, al mes de noviembre del 2021 han ingresado a evaluación cerca de 30 proyectos de desalinización, de los cuales el 80% declara un uso industrial, principalmente minero, y solo el 20% restante su destino dice relación con el consumo humano. En esta misma línea, la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) estima que la industria minera presentará una cartera total de 26 iniciativas de plantas desaladoras y/o sistemas de impulsión de agua de mar (uso directo sin desalar) que estarían en operación al año 2028. Infraestructura que al 2030 le permitirán al sector cubrir sus requerimientos hídricos principalmente con agua de mar.

Ahora bien, ante este contexto cabe preguntarse: ¿dicha estrategia tecnológica realmente contribuye a solucionar la situación de estrechez hídrica que presentan las denominadas “zonas mineras”? La respuesta es bastante desalentadora, dado que la proliferación de plantas desaladoras que se han ido emplazando en el borde costero del país ha despertado distintas alertas producto de sus diversos impactos sociales y ambientales. Por una parte, están los impactos ecológicos que genera la extracción de agua de mar en los ecosistemas marinos y costeros, y por otra, las externalidades negativas que dicen relación con la salmuera no tratada que actualmente se vierte al medio ambiente sin una mayor regulación.

Adicionalmente, con dicha estrategia de suministro el sector minero está trasladando su restricción hídrica a un problema energético y climático, considerando que producto de la implementación de los sistemas de impulsión y desalación se proyecta un aumento en su consumo de energía en un 34% para fines de década (estimaciones de COCHILCO tomando como base el año 2020), lo cual inevitablemente se expresará en una mayor emisión de Gases de Efecto Invernadero que desafía el cumplimiento de los compromisos ambientales del sector.

Ante lo expuesto, desde Fundación Terram relevamos la necesidad de abordar la actual crisis hídrica que enfrentan las zonas mineras desde un enfoque de política que sea integral, en donde se avance en el desarrollo de una estrategia nacional que permita ordenar y/o planificar la instalación de plantas desalinizadoras, asegurándose que éstas presenten una orientación pública, con un destino multipropósito y un uso humano prioritario, como también que operen con criterios de responsabilidad que eviten y/o reduzcan considerablemente los impactos ambientales antes mencionados. Por último, dicha estrategia necesariamente debe ir acompañada de políticas que garanticen el derecho humano al agua y que a su vez establezcan criterios y metas de eficiencia en su uso productivo e industrial, solo así, y de este modo, se logrará alcanzar una mejor gestión y distribución del agua en aquellas zonas mineras.