Sobre salmones, permisos y la nula fiscalización
Columna de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre la falta de una agenda de transparencia, fiscalización y cumplimiento normativo en relación a la industria salmonera. “Desde Fundación Terram también nos encantaría ver al Gobierno comprometerse en agilizar y transparentar la información en los procesos de caducidad de concesiones salmoneras, poner mano dura a la fiscalización por sobreproducción y otros incumplimientos ambientales, pero no es así. Lo evidente es que a este Gobierno y sus respectivas carteras involucradas poco les importa si esta industria cumple o no con la regulación vigente, o si ocurren, o no, hechos irregulares dentro de los servicios públicos que tiene la potestad de caducar concesiones”. Fuente: La Nueva Mirada, 25 de enero de 2024.
En las últimas semanas, nuevamente la salmonicultura ha estado en la prensa debido al “cheese and wine” de la ministra Rojas y los ministros Grau y Valenzuela con representantes del sector privado. Más allá de esta situación que ha generado un necesario debate político entorno al lobby, el Gobierno está comprometido a promover un “Pacto Fiscal” que contempla modificaciones a la ley ambiental y una ley de permisos sectoriales para agilizar la tramitación de estos, pero lamentablemente la fiscalización y transparencia parecen no estar en la agenda de la actual administración.
En junio de 2022, desde Fundación Terram ingresamos tres denuncias por la vía administrativa a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), en las cuales se daba cuenta que existía un total de 720 concesiones salmoneras dentro y fuera de áreas protegidas en causal de caducidad en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto según lo establecido en el artículo 142 letra “e” de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la cual en términos generales señala que son caducables aquellas concesiones acuícolas que no hayan iniciado operaciones después de transcurrido un año de su entrega material o aquellas que habiendo iniciado operaciones las suspenden por un plazo superior a 2 años. Han trascurrido cerca de 18 meses desde que se efectuó aquella denuncia y la SSFFAA solo ha respondido respecto 5 casos de los 720 denunciados.
Posteriormente, en septiembre de 2022, ingresamos a la Contraloría General de la República (CGR) una solicitud de pronunciamiento y auditoría respecto de 280 concesiones en causal de caducidad dentro de áreas protegidas, la cual -según entendemos- desencadenó una investigación del ente contralor, pues en noviembre de 2023 recibimos un oficio de dicha entidad. No obstante, aún no hay resultados.
Por otra parte, el año 2023 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), a raíz de una autodenuncia de Australis Mar, identificó e inició procesos sancionatorios a 42 centros de cultivos de salmónidos por sobreproducción de esta y otras empresas. Es decir, Australis Mar se denuncia a sí misma por sobreproducción (superando lo establecido en su permiso ambiental) sin que la autoridad lo hubiese detectado y menos aún iniciado un proceso sancionatorio.
Y así podemos seguir sumando casos de incumplimientos a la regulación vigente ya sea por lo establecido en la LGPA o para permisos ambientales que se rigen por la Ley General de Bases del Medio Ambiente. Lo cierto es que al parecer una parte importante del gremio salmonero ha operado durante años incumpliendo la regulación vigente o al filo de la ley, sin que ninguna autoridad con competencia en el tema se comprometa con efectuar un trabajo sistemático en la aplicación de las normas que rigen en el país.
¿Pero cuál es el tema de fondo en esto?
A la par con su amplio prontuario de incumplimiento ambiental y administrativo, la salmonicultura es una industria que ha crecido de forma desproporcionada, pasando de producir del orden de 29 mil toneladas en el año 1990 a cerca de 1 millón de toneladas desde 2020, creciendo a una tasa del 100% anual. En este sentido, parece imposible pensar que un sector productivo que crece tan aceleradamente no siga causando grandes impactos ambientales. Por eso, cabe preguntarse ¿qué está haciendo la autoridad al respecto? lamentablemente lo que vemos es que la administración de Gabriel Boric, al igual como hicieron gobiernos anteriores, hace la vista gorda de esta situación.
Es más, el Ejecutivo se ha comprometido con una agenda pro – inversión la cual contempla una Ley para facilitar el otorgamiento de permisos sectoriales y una reforma a la ley para disminuir los tiempos del proceso de evaluación ambiental de proyectos. Pero nada dice sobre cómo abordará la fiscalización y el cumplimiento de la legislación vigente.
En este sentido, desde Fundación Terram también nos encantaría ver al Gobierno comprometerse en agilizar y transparentar la información en los procesos de caducidad de concesiones salmoneras, poner mano dura a la fiscalización por sobreproducción y otros incumplimientos ambientales, pero no es así. Lo evidente es que a este Gobierno y sus respectivas carteras involucradas poco les importa si esta industria cumple o no con la regulación vigente, o si ocurren, o no, hechos irregulares dentro de los servicios públicos que tiene la potestad de caducar concesiones. En definitiva, vemos que solo les interesa facilitar que exista una mayor producción de salmones dejando de lado el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los ecosistemas patagónicos.